Norma Andrade, madre de una joven asesinada en Ciudad Juárez, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un fallo favorable para todas las mujeres de su país y que obligue al Estado mexicano a tomar acciones contra la violencia de género.
“Espero una sentencia favorable para Alejandra (su hija), pero también para todas las niñas y mujeres de México. Quiero tener la certeza de que mis nietas salen a la calle y van a volver a casa, la certeza de que cualquier jovencita puede salir a pasear en mi país sin que sea acosada”, declaró Andrade en una audiencia ante la Corte IDH.
Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años de edad, madre de dos hijos y quien trabajaba en una maquila en Ciudad Juárez, desapareció el 14 de febrero de 2001 cuando salió de su trabajo y fue encontrada muerta 7 días después con signos de estrangulamiento y de un ataque sexual.
La demanda contra el Estado señala que no hubo una investigación efectiva y diligente, y que 24 años después el caso se mantiene en la impunidad, pues no se han identificado a los responsables.
“Quiero que los verdaderos agresores de Alejandra sean detenidos porque mientras sigan libres siguen asesinando jovencitas. Hoy me tocó estar aquí a mí, pero no estoy sola, me acompañan madres como yo que tienen hijas asesinadas y otras madres que buscan a sus hijas”, declaró Andrade.
La mujer, quien recordó a su hija como una joven fuerte, decidida y que soñaba con ser periodista, también pidió a la Corte IDH que ordene a México crear políticas públicas en favor de los menores de edad que quedan huérfanos por este tipo de casos para que puedan desarrollarse integralmente.
La demanda responsabiliza al Estado mexicano por las violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a la igualdad ante la ley, a la protección de la niñez, a las garantías judiciales, a la protección judicial, y al deber de prevenir y sancionar la tortura.
Reconocimiento parcial de responsabilidad
Durante la audiencia, los representantes del Estado reconocieron parcialmente la responsabilidad de México en este caso y afirmaron que el Gobierno está trabajando en reformas constitucionales, políticas públicas y otras acciones que buscan garantizar la seguridad de las mujeres y prevenir la violencia hacia ellas.
La directora general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Jennifer Feller, dijo en la audiencia que el Estado reconoce que el crimen de la joven se enmarcó en “un contexto de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, que prevalecía en esa época”.
“El Estado asume su responsabilidad por el incumplimiento del deber de prevención en relación con la desaparición y la privación de la vida de Lilia Alejandra, considerando el grave contexto de violencia de género que imperaba en Ciudad Juárez”, expresó Feller.
La agente estatal también reconoció que “la omisión en la protección de su vida es el reflejo de las fallas estructurales que en su momento impidieron garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres” y admitió que hubo “dilación en el inicio de la investigación, ausencia de estructuras especializadas y falta de personal debidamente capacitado para investigar delitos por razones de género”.
Tras la audiencia de este miércoles, las partes tienen un mes para entregar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la Corte IDH emitirá un fallo en los siguientes meses.
