La mayoría en la Cámara Diputados avaló en lo general la expedición de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Según publica Reforma en su edición digital, la nueva ley elimina la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), y le da a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de implementar, supervisar y evaluar el Modelo Nacional para la Simplificación y Digitalización de Trámites, el cual será obligatorio para estados y municipios, aun cuando no se considera un presupuesto específico para ello.
Esta iniciativa obliga a estados y municipios a ajustar sus trámites y requisitos al estándar federal y a implementar plataformas digitales, ventanillas electrónicas y el Expediente Digital, al cual se podrá acceder a través de la Llave MX, un mecanismo de autenticación e identificación de las personas en medios digitales que estará ligada a la CURP.
El proyecto, aprobado con 330 a favor y 129 en contra, considera la creación de una base de datos biométricos que estaría a cargo de la Agencia, al señalar que “cuando la CURP tenga asociados los datos biométricos de su titular” será una identificación oficial.
Establece también que la Agencia deberá habilitar y promover el uso del Registro Nacional de Regulaciones, un Repositorio Nacional de Tecnología Pública y un Portafolio Nacional de Proyectos Tecnológicos, que será un catálogo de soluciones tecnológicas disponibles en el Repositorio Nacional de Tecnología Pública y Ventanillas Únicas Digitales.
Durante la discusión, legisladores de oposición advirtieron que la propuesta de la presidenta concentra facultades en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, vulnera la autonomía de los estados y de los municipios y desmantela las figuras de participación ciudadana en los procesos regulatorios.
El panista Héctor Saúl Téllez dijo que, aunque la nueva ley tiene un nombre que parece benévolo, es una trampa, porque además de dar por hecho que la CURP con datos biométricos será una identificación oficial, estos mismos serán vulnerados y se le dará el control de éste a la Agencia a cargo de José Merino.
El legislador calificó como inconcebible que un Gobierno de izquierda vulnere la autonomía de los estados y municipios al obligarlos a ajustar sus trámites y requisitos al estándar federal y destruya de un plumazo el sistema nacional de mejora regulatoria.
El priista Arturo Yáñez criticó que la nueva ley invade facultades de estados y municipios al imponerles un sistema de simplificación, pero sin garantizarles los recursos necesarios.
El legislador, precisó Reforma, calificó el proyecto como un “Caballo de Troya”, porque da un paso más hacia el centralismo al eliminar contrapesos, limitar la participación ciudadana y empoderar a una súper Agencia como una gran acumuladora de datos sin contrapeso.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, advirtió que el artículo 24 abre la puerta para que las autoridades puedan modificar requisitos de trámite sin necesidad de cambiar leyes o reglamentos por un plazo de un año.
Sostuvo que esta discrecionalidad podría derivar en la eliminación de requisitos esenciales en detrimento de la seguridad de la ciudadanía, el medio ambiente o la salud y en beneficio de intereses particulares, como el inmobiliario, tal y como ocurre actualmente en Monterrey.
Agregó que con la nueva ley se pierden organismos en donde los ciudadanos participaban en la toma de decisiones, como el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria o los Consejos Nacionales y Estatales de Mejora Regulatoria, que permitían una participación plural entre el gobierno, las cámaras empresariales, la sociedad civil y la academia.
En la parte tecnológica, agregó, el modelo planteado impone lineamientos tecnológicos únicos y la concentración en un repositorio nacional, a pesar de que se trata de un modelo que ya ha fracasado en otros países.
Con información de Reforma
