El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) notificó al juez que supervisa su acusación penal por intentar alterar el resultado electoral de 2020 en el estado de Georgia que está sopesando pedir que el caso sea trasladado de un tribunal estatal a uno federal.
“Por la presente, el presidente Trump notifica a la Corte que podría solicitar la transferencia de su procesamiento a una corte federal”, apunta un escrito firmado por Steven H. Sadow, abogado del exmandatario, y dirigido a Scott McAfee, juez de la corte superior del condado de Fulton (Georgia, Atlanta).
Sus abogados tienen un plazo de 30 días para hacer formal la solicitud, que arrancó el día 31 de agosto, cuando Trump se declaró no culpable de los cargos que se le imputan.
Este movimiento busca dilatar el proceso, cuyo juicio no tiene todavía fecha, y según apuntan medios como CNN, con esta medida Trump pretendería también conseguir que se retiren los cargos al invocar protecciones de inmunidad para los funcionarios federales.
Para conseguir que el caso fuera trasladado a un juzgado federal Trump tendría que convencer al juez de que sus supuestas acciones por las que se le acusa -el intento de alterar los resultados en Georgia- estaban vinculadas a sus deberes formales como funcionario del gobierno.
Pese a que Trump tiene 4 imputaciones penales en su contra, la de Georgia es la que más complica las posibilidades del expresidente de librarse de la cárcel ya que, al ser un caso estatal, no le permitiría indultarse a sí mismo de llegar de nuevo al poder tras las elecciones de 2024.
Según la Constitución estadounidense, un presidente no puede perdonarse en una acusación estatal y, en el caso de Georgia, tampoco podría indultarlo el gobernador.
Trump tiene 13 cargos en su contra en Georgia. El principal, el de violación de la ley estatal de asociación delictiva (RICO, por sus siglas en inglés), conocida por emplearse contra los integrantes de la mafia y utilizada para garantizar que los líderes de una asociación criminal, y no solo sus subordinados, rinden cuentas ante la justicia.
De ser declarado culpable de todos los cargos, el expresidente republicano podría ser condenado hasta con 76 años y medio de cárcel.
Una de las principales pruebas en su contra es la grabación de una llamada de enero de 2021 en la que pidió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que le “encontrara” 11,780 votos, uno más de los que había conseguido el demócrata Joe Biden.
Junto a él fueron imputadas otras 18 personas, entre ellas su exabogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su exjefe de gabinete Mark Meadows. Algunos de ellos también están buscando que sus casos sean trasladados a un juzgado federal.
