Amnistía Internacional (AI) Chile destacó este viernes la “importancia vital de la memoria histórica” a 50 años del golpe civil militar que quebró la democracia en el país suramericano y derrocó al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, dando paso a una cruenta dictadura de 17 años encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990) que dejó decenas de miles de víctimas.
El organismo internacional repasó la fractura profunda que el golpe generó en la sociedad chilena, disolviendo el Congreso Nacional y declarando estado de sitio en todo el país mientras se perseguía a todos los opositores políticos y miembros del derrocado gobierno de la Unidad Popular.
“Infringir tortura y hacer desaparecer a personas, entre otras prácticas, se convirtieron en política de Estado. Según cifras oficiales, el régimen dejó 40,175 víctimas, entre ellas personas torturadas, ejecutadas, detenidas y desaparecidas, y según registros del Observatorio Justicia Transicional en más del 70% de los casos de personas ejecutadas o desaparecidas no ha habido justicia, verdad ni reparación”, apuntó AI a través de un comunicado.
Además, la entidad destacó la importancia del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos que lanzó el gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, en el marco de esta conmemoración, una política pública permanente que busca dar con el destino final de las 1,469 personas víctimas de desaparición forzada, reconstruyendo sus trayectorias hasta que se perdió su rastro en manos de agentes de la dictadura.
“Es imprescindible que el Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el presidente Gabriel Boric permita esclarecer las circunstancias de la desaparición y el destino de estas personas. Este programa debe llevarse a cabo en plena coordinación con las familias, contar con recursos adecuados para que su implementación sea efectiva y confluir en investigaciones penales sobre todas las personas sospechosas de responsabilidad individual”, recalcó AI.
“La búsqueda de las personas detenidas desaparecidas no es solo una cuestión de justicia, sino también de humanidad. Dar con su paradero, identificarlas y entregar sus cuerpos no solo aliviará a sus familias, sino que también ayudará a sanar la profunda herida que evidencia la sociedad chilena. Para lograr esto es imprescindible que quienes persistentemente no han entregado toda la información sobre los hechos lo hagan de una buena vez. Esto y otras medidas anunciadas recientemente por el Gobierno son fundamentales para que el Plan Nacional de Búsqueda cumpla su cometido”, dijo el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos.
Atender las deudas
AI hizo un llamado al Congreso para “avanzar hacia la justicia”, apoyando proyecto propuestos por el Ejecutivo que buscan “la eliminación del carácter secreto de leyes dictadas durante el régimen de Pinochet y del levantamiento del secreto de los testimonios de víctimas de tortura en la Comisión Valech”, aspectos que al entender de Amnistía Internacional “encaminan a Chile hacia un país que atiende sus deudas en materia de derechos humanos”.
El informe de la Comisión Valech se conoció en noviembre de 2004, durante el Gobierno del socialista Ricargo Lagos (2000-2006), y certificó que más de 27 mil personas fueron víctimas de prisión política, tortura y exilio. Posteriormente, en el primer mandato de Michelle Bachelet (2006-2010) se emitió un segundo informe que sumó casi 10 mil personas más.
En el pasado ha habido distintos intentos frustrados por levantar el secreto del informe Valech, una medida que genera debate porque el Estado chileno se había comprometido a guardar la confidencialidad de los testimonios por 50 años.
Sitios de memoria
“Chile aún no cuenta con una ley que proteja los sitios de memoria ni un archivo nacional de la memoria. Es fundamental que las autoridades materialicen la iniciativa de contar con un archivo y que presenten lineamientos claros sobre su funcionamiento y consideren la participación de la sociedad civil”, remarcó AI.
En la misma línea, valoró el anuncio del gobierno respecto a una Política Nacional de Memoria y Patrimonio, llamando a los congresistas a respaldar la iniciativa.
“Los sitios de memoria deben ser respetados, cuidados y dignificados para que puedan cumplir su función educativa. La presencia de estos lugares será un recordatorio para las nuevas generaciones para que nunca olviden las atrocidades que allí se cometieron y crezcan con la convicción de que estas prácticas no deben repetirse jamás”, dijo Bustos.
“No podemos permitir que el olvido y los discursos de odio se interpongan en la sociedad. Mantener viva la memoria es crucial para evitar que las nuevas generaciones tengan que vivir las atrocidades que vivimos en el pasado. Un rechazo firme a las violaciones de derechos humanos y un compromiso férreo a avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sería una señal potente que como país nos merecemos vivir”, concluyó.
