Tras los primeros resultados de la inédita elección judicial del 1 de junio en México, marcada por una escasa participación de apenas el 13%, Morena controla las principales instancias del nuevo Poder Judicial: la Suprema Corte de la Nación y el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial.
Los resultados preliminares apuntan a que el partido oficialista controlará los 9 puestos en la Suprema Corte y los 5 del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, todos propuestos o cercanos al Gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.
A las urnas estaban convocados 99.7 millones de potenciales votantes, pero los centros de votación lucieron vacíos en un proceso polémico y marcado por el poco conocimiento de los candidatos, la complejidad del voto, los “acordeones” (guías para inducir el voto) y la lentitud del recuento.
Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) ya había anticipado que daría los resultados definitivos en máximo 10 días, en 6 están resueltas 2 elecciones: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
En el polémico ejercicio, los votantes eligieron 881 cargos federales: los 9 puestos de la Suprema Corte, los 5 integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 2 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 de salas regionales del TEPJF, 464 magistraturas de tribunales y 386 juzgados, entre un total de 3,422 candidaturas.
Tras la votación, Hugo Aguilar Ortiz será el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegido por voto popular, un abogado con raíces indígenas pero sin experiencia previa en el Poder Judicial y cercano al gobierno oficialista.
El actual coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha sido el candidato más votado cuando se completó el 100% de las actas para ser el futuro presidente de la SCJN.
El viernes, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó “no replicar el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados en otros países de la región”, tras constatar múltiples problemas en el primer proceso de este tipo en México, en el que participaron apenas el 13% de los electores.
En su informe preliminar, la misión también cuestionó la idoneidad de los perfiles de los candidatos, al no haberse aplicado exámenes estandarizados en los procesos de selección.
Antes de la elección, el INE, un organismo autónomo, alertó sobre la falta de recursos y tiempo para organizar estos inéditos comicios, mientras que la oposición, que en estos días ha criticado fuertemente al Gobierno, ha destacado la votación como una “farsa” ante la baja participación.
