El hostigamiento sistemático contra la prensa por parte del Gobierno de Javier Milei no tiene antecedentes desde el regreso de la democracia en Argentina, alertaron fuentes del sector consultadas por EFE con ocasión del Día del Periodista, que se conmemora este sábado en el país.
A través de ataques verbales, restricciones institucionales, represalias administrativas y violencia durante las manifestaciones, la libertad de expresión y el acceso a la información sufren un marcado retroceso en 2024, según organizaciones de periodistas, sindicatos y referentes del sector.
En lo que va del año, se registraron al menos 178 ataques a periodistas, que van desde intimidaciones y ciberacoso hasta agresiones físicas y simbólicas, de acuerdo con el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que detalló que la mayoría de las agresiones provino de funcionarios estatales y del propio jefe de Estado.
Entre los calificativos utilizados por Milei para referirse a periodistas figuran “hijos de puta”, “mentirosos”, “imbéciles” y “extorsionadores”, al tiempo que con frecuencia repite una frase que se ha impuesto entre sus allegados y seguidores: “La gente no odia lo suficiente a los periodistas”.
En julio de 2024, una investigación de la revista Crisis reveló la existencia de un grupo de usuarios organizados desde la sede de Gobierno y el nombre de sus principales líderes -Daniel Parisini, Juan Pablo Carreira y Federico Javier Gorga-, así como mecanismos de intimidación que excedían el plano de lo virtual.
“La violencia verbal de las milicias digitales contra periodistas es una derivación del hostigamiento discursivo de los funcionarios. Esa violencia busca amedrentar, condicionar el trabajo periodístico y, eventualmente, puede habilitar la violencia física”, explicó a EFE Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).
Facundo Iglesia, uno de los autores de esa investigación, relató que poco después de la publicación descubrió que se había creado una empresa a su nombre en Estados Unidos: “Pusieron a 2 víctimas de un grupo particularmente violento de trolls y a mí como supuestos dueños de una Limited Liability Company (LLC) en Miami. Buscaban desacreditar la investigación inventando que recibíamos fondos del exterior”, contó. Tras la denuncia pública, la firma fue disuelta.
Según el diario La Nación, un nuevo plan estratégico de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) estableció como foco de interés a quienes “erosionen la confianza” en funcionarios, “manipulen la opinión pública” o interfieran en la percepción ciudadana sobre las políticas del Gobierno.
