La Policía Federal de Brasil acusó a Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y a varios miembros del Gobierno de su padre de utilizar la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) para espiar ilegalmente a personajes públicos, informaron medios locales.
Las fuerzas de seguridad concluyeron la investigación, informalmente conocida como “Abin paralela”, y enviaron el informe a la Corte Suprema, que ahora deberá remitirlo a la Fiscalía para que evalúe si presenta una denuncia o si requiere nuevas diligencias.
La causa permanece bajo secreto de sumario y su contenido fue difundido por los principales medios brasileños, entre ellos Agencia Brasil (oficial), que inicialmente afirmaron que el ex jefe de Estado estaba en la lista de acusados, pero después corrigieron esa información.
Según “O Globo”, la investigación vio indicios de que el exjefe de Estado pudo incurrir en el delito de asociación ilícita, pero la Policía no presentó cargos porque Bolsonaro ya está acusado de ese delito en la causa del supuesto golpe de Estado, por la que está siendo juzgado.
Según informaciones de los medios, la investigación indicó que tanto policías como funcionarios públicos de la agencia nacional formaron una organización criminal para monitorear periodistas, miembros del sistema judicial y políticos opositores, con la invasión de sus móviles y ordenadores.
Entre los más de 30 acusados se encuentra el actual director de la Abin, Luiz Fernando Corrêa, y Carlos Bolsonaro, actual concejal por Río de Janeiro, quien es investigado por administrar los datos obtenidos para atacar públicamente a los personajes espiados.
Tras conocerse la noticia, Carlos Bolsonaro afirmó que la investigación tiene motivación política y la vinculó con sus aspiraciones en las elecciones de 2026, en las que, según la prensa, valora presentarse a senador.
En marzo pasado se conoció una investigación del medio UOL en la que relataba que la agencia de inteligencia había sido utilizada para invadir ordenadores del Gobierno de Paraguay, con el fin de obtener informaciones confidenciales relacionadas con las tarifas de la hidroeléctrica binacional de Itaipú.
El Gobierno brasileño admitió la existencia de la operación, pero atribuyó su montaje a la administración de Bolsonaro y afirmó que fue cancelada “tan pronto” la nueva cúpula de la Abin “se enteró del hecho”, en marzo de 2023, a 3 meses de la asunción de Lula.
El exmandatario derechista afronta además un juicio en la Corte Suprema bajo la acusación de “haber liderado” una trama golpista para mantenerse en el poder, tras perder ante Lula las elecciones de 2022.
La Fiscalía acusa a Bolsonaro y a su círculo más próximo de conspirar para decretar medidas excepcionales, como un estado de sitio, y así anular el resultado de los comicios e impedir la investidura de Lula, que efectivamente se llevó a cabo el 1 de enero de 2023.
Por esto, Bolsonaro y el resto de acusados se enfrentan a una posible pena que puede oscilar entre 12 y 40 años de prisión.
