La gobernadora Indira Vizcaíno y el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Roberto Rubio, dieron a conocer las acciones legales que se realizan para lograr la nulidad de contratos lesivos a la administración estatal, relacionados con el relleno sanitario de la zona metropolitana de Colima.
En la conferencia de prensa “Diálogos por la Transformación”, Indira Vizcaíno señaló -de acuerdo con un comunicado de prensa- que uno de los puntos “más graves, cínico y hasta ridículo”, fue que la administración estatal anterior cedió los derechos para operar el relleno sanitario a un privado. Explicó que la empresa a la que se le entregó la operación explicaba en su acta constitutiva que se dedicaba a elaboración y comercialización de muebles y cocinas; luego, cambian ese giro y “milagrosamente” ganan una licitación para operar un relleno sanitario.
Aparte de la licitación, afirmó que se estableció la obligación de un pago por parte del Gobierno por 50 millones de pesos por la propiedad intelectual para hacer ese trabajo; “una empresa que hace cocinas, la contrataron para operar un relleno sanitario, luego resulta que tiene ‘secretos’ de cómo operarlo que sólo ellos saben y por esos ‘secretos’ quieren que les paguen un monto adicional de 50 millones de pesos (…); eso es algo intolerable para las y los colimenses. Por eso hemos dado pasos firmes para que se haga justicia”, expresó la mandataria estatal.
Roberto Rubio informó que el 29 de agosto, la Consejería Jurídica y el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (Imades) presentaron un Juicio de Lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) contra la empresa MA Tendencias SA de CV, por acciones y contratos ocurridas durante la pasada administración, que se consideran ilegales.
“La administración anterior, a través de Imades, operaba el relleno sanitario y le cobraba por ello a los ayuntamientos que lo utilizan (…), sin embargo, decidió ceder la operación del relleno sanitario a la empresa privada dedicada a fabricación, diseño, venta e instalación de muebles y de cocinas integrales”.
Millonario daño patrimonial
Añadió que la Constitución establece que el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, es atribución constitucional de los ayuntamientos y pueden convenir con el Gobierno del estado, para que se encargue de forma temporal, ya sea directamente o a través de un organismo de la propia administración estatal, recordando que en la administración estatal anterior se tenía la operación del relleno sanitario a través del Imades, durante 2 años y medio.
El Gobierno anterior, acusó, sin consentimiento del Imades, licitó y adjudicó la operación del relleno sanitario a la empresa MA Tendencias, causando un daño patrimonial. Detalló que “se tiene información de los años 2021, 2022 y hasta agosto 2023, que la empresa ha recibido más de 76 millones de pesos esa actividad”.
César Barrera