Las autoridades tunecinas impidieron la entrada al país de una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo que tenía previsto una visita del 14 al 16 de septiembre para analizar la situación política y económica, así como el reciente acuerdo migratorio firmado con la Unión Europea (UE), informó a EFE una fuente diplomática.
En un comunicado de prensa publicado horas antes, la delegación explicó que su objetivo principal era evaluar el memorando de entendimiento en materia de migración firmado el pasado mes de julio- cuyos detalles se desconocen- que incluye un paquete macrofinanciero de mil millones de euros (1,073 millones de dólares al cambio de hoy), de los cuales 105 millones estarían destinados a la gestión de fronteras, búsqueda, salvamento y lucha contra la trata de personas.
El grupo de Bruselas, encabezado por el eurodiputado Michael Gahler del Partido Popular Europeo (PPE), tenía previsto reunirse con organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, líderes de la oposición y representantes de fundaciones políticas además de otros estados miembros de la Unión Europea.
“Algunos eurodiputados han expresado su preocupación por el empeoramiento de los derechos de los migrantes en el país”, señaló la fuente.
Las autoridades locales expulsaron en julio a la fuerza a un millar de personas- entre ellos refugiados y residentes legales- a las fronteras con Argelia y Libia, donde se estima que fallecieron al menos 35 personas después de permanecer bloqueadas durante varias semanas sin acceso a comida, agua o asistencia.
Tras las críticas de la comunidad internacional, el Gobierno tunecino denunció una campaña de “desinformación” y aseguró que no es responsable de lo que sucede fuera de su territorio.
El presidente Kais Said, que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 “para preservar la paz social”, pidió en febrero a las fuerzas de seguridad tomar medidas urgentes contra las “hordas” de subsaharianos que forman parte de una “conspiración” para cambiar la identidad “árabe-musulmana” de Túnez.
La decisión de las autoridades de prohibir la entrada por primera vez a una delegación europea coincide con el debate de ayer en la Eurocámara en la que los partidos de izquierdas criticaron duramente el memorando migratorio, calificado por algunos miembros de “inconsciente” y “ejemplo de hipocresía”, e instaron a revocarlo al considerar que no se puede colaborar con un “régimen autoritario”.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) pidieron a la UE la retirada de su apoyo financiero al entender que Túnez no es un refugio “seguro” para los migrantes y refugiados africanos, víctimas de “graves abusos” por parte de las fuerzas de seguridad.
En el primer semestre del año, Túnez superó a Libia como punto de partida de la migración irregular y, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), de las cerca de 70 mil llegadas a Italia, 37,700 lo hicieron desde la costa tunecina.
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) reveló el pasado mes que más de 2 mil personas han perdido la vida en lo que va de año en su intento por cruzar el Mediterráneo Central, la ruta más mortífera que se conoce.
