Aunque el Senado de EUA aprobó la apertura al debate del paquete legislativo conocido como “Big beautiful bill” (Gran y hermosa ley), el cual contempla la implementación de un impuesto del 1% sobre las remesas enviadas en efectivo, giros o cheques, se sigue poniendo en riesgo el principio de corresponsabilidad bilateral, señaló la coordinadora del Movimiento Fuerza Migrante, Romelia Serrano.
En el caso de Colima, resaltó que son aproximadamente 200 mil personas de diversas generaciones las que residen en EUA y las remesas que envían equivalen al presupuesto federal del Ramo 33, asignado en aportaciones etiquetadas a salud, educación, seguridad e infraestructura.
“Aunque esta medida representa una reducción respecto al 3.5% inicialmente planteado, gracias a miles de cartas enviadas por ciudadanos a sus senadores, continúa impactando directamente a las comunidades migrantes y contraviene los compromisos establecidos en el Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y EUA, poniendo en riesgo el principio de corresponsabilidad bilateral”, expresó en una entrevista.
Refirió que el paquete legislativo aprobado en el Senado estadounidense tuvo una votación ajustada de 51 a 49, donde se contempla el impuesto a las remesas, estará vigente a partir de enero de 2026.
Romelia Serrano indicó que la aprobación de este impuesto podría sentar un precedente preocupante que comprometa el respeto y la vigencia de tratados internacionales.
De igual manera, consideró que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, de reembolsar el impuesto del 1% sobre remesas a los afectados, aunque es bien intencionada, no soluciona el problema fundamental ni las preocupaciones estructurales que este gravamen implica.
“Su aprobación abre la posibilidad de futuros incrementos que afectarían tanto a las familias migrantes como al presupuesto público mexicano, con repercusiones para toda la población”, añadió.
Dijo también que ese impuesto va en contra de recomendaciones internacionales, como las de la ONU y el Banco Mundial, que promueven la reducción de costos en el envío de remesas, reconocidas como un motor fundamental para el desarrollo económico y social. Además, puede incentivar el uso de canales informales que comprometen la seguridad y estabilidad financiera de millones de familias.

