El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Colima, Eduardo Sánchez García, advirtió que la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales podría provocar el cierre de muchas micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), o forzar su migración a la informalidad, si no se implementa de manera gradual y con base en un modelo integral.
En una entrevista, recordó que el próximo 1 de septiembre podría enviarse a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral, tras la conclusión de los foros públicos organizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), de los cuales ya se han realizado 4 de 6.
Sánchez García aclaró que Coparmex no está en contra de la reducción de la jornada laboral, pero consideró que este no es el momento adecuado para aplicarla, debido al contexto económico y a la necesidad de consolidar otras reformas laborales aprobadas en los últimos años.
Entre esas reformas mencionó el aumento al salario mínimo, la ampliación del periodo vacacional de 6 a 12 días, el incremento en las aportaciones a fondos de retiro y pensiones, así como la regulación del outsourcing o subcontratación.
“Estas primeras 4 reformas aún requieren madurar, aterrizarse en términos de productividad, eficiencia y competitividad para las empresas formales. Es fundamental centrar los esfuerzos en su implementación antes de avanzar con nuevas modificaciones”, expresó.
El dirigente empresarial subrayó que aplicar la reducción de manera inmediata podría perjudicar especialmente a las MIPyMES, que representan el grueso del sector empresarial y son las más vulnerables ante cargas adicionales sin planeación adecuada.
“Por eso planteamos que, si se va a hacer, debe ser una reducción gradual hacia 2030. Aprobarla en este momento sería un grave error para las pequeñas y medianas empresas, y podría traducirse en más cierres o un aumento de la informalidad”, advirtió.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a considerar el contexto económico real de las empresas y a diseñar políticas públicas que fortalezcan a las MIPyMES, combatan la informalidad y aseguren condiciones sostenibles para el empleo formal en México.
