La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DH) urgió a las autoridades mexicanas a realizar una “investigación eficaz”, ante el hallazgo de 383 cuerpos sin incinerar en un crematorio de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua.
Tras el descubrimiento de 383 cadáveres apilados en el crematorio privado Plenitud de Ciudad Juárez el 26 de junio pasado, las autoridades confirmaron que al menos 6 funerarias están involucradas en el cobro por incineraciones que nunca se realizaron, lo que ha dejado a cientos de familias en la incertidumbre sobre las cenizas recibidas.
La ONU DH expresó en un mensaje su solidaridad con las familias y llamó al Gobierno de México a “realizar una investigación eficaz y a respetar los derechos de las personas fallecidas, conforme a los estándares del informe de Relatoría ONU”.
El “Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”, elaborado por Morris Tidball‑Binz en 2024, expone las obligaciones del Estado en el trato digno de las personas fallecidas, desde una perspectiva de derechos humanos.
En primer lugar, el relator especial establece que “la dignidad de la persona y el respeto debido a su cuerpo y a sus restos humanos no se extinguen con la muerte”, por lo que el crematorio de Ciudad Juárez viola ese principio básico.
El documento también destaca que los familiares tienen derecho a conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos, acceder a la justicia y contar con condiciones adecuadas para el duelo, como la identificación y entrega digna de los restos.
En este caso, muchas familias que pensaban haber recibido las cenizas de sus seres queridos ahora enfrentan la posibilidad de haber recibido tierra o restos ajenos, lo que representa una vulneración a esos derechos.
“Los Estados deben garantizar que los restos mortales sean devueltos a las familias de forma digna, y deben prestar asistencia para que los restos sean enterrados de nuevo de acuerdo con las preferencias personales o culturales del fallecido”, señala el relator.
Además, apunta que aunque la gestión de los restos pueda recaer en actores privados, el Estado sigue siendo responsable de garantizar peritajes independientes, la identificación de los cuerpos y un duelo digno para las familias.
Así, el informe ofrece una hoja de ruta para que el Estado mexicano responda no solo con sanciones penales, sino también con medidas de verdad, reparación y prevención estructural.
