La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, informó que la justicia ha archivado su posición en la investigación junto a varios de sus ministros por la liberación del jefe de la Policía Judicial de Libia, Osama al Masri, buscado por la Corte Penal Internacional (CPI).
“Los jueces han archivado únicamente mi posición, mientras que del decreto deduzco que se pedirá la autorización para proceder contra los ministros Piantedosi y Nordio y contra el subsecretario Mantovano”, escribió Meloni.
El caso se remonta al 19 de enero, cuando Al Masri, acusado de crímenes en centros de detención de inmigrantes en Libia, fue arrestado en Italia y posteriormente trasladado a Trípoli en un avión estatal, antes de que pudiera ejecutarse una posible orden de extradición emitida por la CPI, con sede en La Haya.
La Fiscalía italiana abrió una investigación por presunto encubrimiento y malversación contra Meloni, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi; el de Justicia, Carlo Nordio; y el subsecretario de la Presidencia del Consejo, Alfredo Mantovano.
Así, el tribunal resolvió archivar la parte relativa a Meloni, al considerar que no participó directamente en las decisiones sobre la repatriación.
Sin embargo, la jefa del Ejecutivo rechazó esa interpretación y calificó de “tesis manifiestamente absurda” que el tribunal sostenga “que 2 ministros de alto rango y un subsecretario” al que delegó la inteligencia “actuasen en un asunto tan serio sin haber compartido” con ella “las decisiones adoptadas”.
Meloni defendió que su Gobierno actúa de manera “cohesionada” bajo su liderazgo: “A diferencia de alguno de mis predecesores, que se distanció de sus ministros en situaciones similares, reivindico que cada decisión, sobre todo una tan importante, se acuerda. Por tanto, es absurdo pedir que se juzgue a Piantedosi, Nordio y Mantovano y no también a mí”.
La mandataria criticó los tiempos del proceso, asegurando que fue notificada después de más de seis meses de iniciado el procedimiento, a pesar de que la ley fija un plazo máximo de 3 meses. Denunció además “injustificables filtraciones de información”.
En julio, los diarios La Repubblica y Corriere della Sera publicaron un correo interno que demostraría que el Ministerio de Justicia estaba al tanto del arresto de Al Masri desde el inicio y solicitó mantener el caso en silencio, lo que levantó sospechas de una posible maniobra para evitar la intervención de la CPI.
La mandataria reiteró la “corrección” de la actuación del Ejecutivo que tuvo “como única brújula la protección de la seguridad nacional”.
“Lo dije públicamente justo después de haber tenido noticia de la inscripción en el registro de investigados, y lo reiteraré en el Parlamento, sentándome junto a Piantedosi, Nordio y Mantovano en el momento de la votación sobre la autorización para proceder”, concluyó.
