Organizaciones civiles y mujeres jornaleras agrícolas denunciaron este lunes que la violencia, la exclusión y la precariedad persisten en el campo mexicano, pese a los 5 años de la creación de la Alianza Campo Justo. En conferencia de prensa en Ciudad de México, exigieron al Gobierno federal cumplir su promesa de incorporar sus demandas en la agenda de justicia social.
Mujeres indígenas provenientes de la montaña de Guerrero relataron condiciones inhumanas de trabajo, falta de acceso a salud, educación y vivienda, así como discriminación sistemática. “He tenido que hincarme en el lodo con 9 meses de embarazo para que pueda comer mi familia (…) ni siquiera me alcanza”, denunció Sara, jornalera migrante.
Integrantes de Fundar, Oxfam México, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros señalaron que, aunque el salario mínimo profesional ha sido reconocido para el sector agrícola, las inspecciones son escasas y las condiciones reales no han mejorado. “Hay agua y limpieza solo cuando llegan inspectores. Luego todo vuelve a estar igual”, acusó Diego de la Mora, director de Fundar.
Alejandra Haas, de Oxfam México, propuso adaptar la seguridad social a la estacionalidad del trabajo agrícola, crear un registro único de jornaleros y flexibilizar la cotización al sistema de salud. Abel Barrera, de Tlachinollan, denunció que la migración forzada desde comunidades indígenas ocurre por el abandono histórico del Estado.
Las mujeres reclamaron a la presidenta Claudia Sheinbaum cumplir su compromiso con ellas. “Dice que es tiempo de mujeres, ¿cuándo lo va a poner en acción?”, cuestionó Sara. También pidieron un fondo tripartita que garantice ingresos en tiempos sin cosecha y que los programas sociales incluyan a quienes no tienen tierras propias.
