Aunque los scooters eléctricos se han convertido en una opción de movilidad cada vez más común, pero también en una preocupación para las autoridades. El director de Vialidad del Ayuntamiento de Tecomán, Uriel Chávez, advirtió que actualmente no existe un marco legal claro para sancionar su uso inadecuado, lo que representa un riesgo tanto para quienes los conducen como para los peatones.
En una entrevista, Chávez explicó que esos vehículos, al ser eléctricos y no contar con un motor de combustión interna, no están contemplados en la Ley de Movilidad del Estado ni en los reglamentos municipales. Esa laguna jurídica impide a las autoridades imponer sanciones específicas, salvo tratarlos como bicicletas, aunque su comportamiento en vía pública difiere considerablemente.
“Muchos de estos scooters alcanzan velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Sin embargo, al no ser considerados legalmente como vehículos de motor, no podemos exigir el uso de casco ni prohibir su circulación por banquetas o en sentido contrario con base en la ley”, precisó el funcionario.
Chávez Torres señaló que otras entidades del país ya han modificado sus normativas para incorporar ese tipo de vehículos emergentes a su legislación. Por ello, urgió a los municipios de Colima a iniciar un proceso coordinado que permita solicitar al Congreso del Estado una reforma a la Ley de Movilidad.
“El primer paso sería homologar reglamentos municipales y establecer, por ejemplo, la posibilidad de emplacar estos vehículos, además de fijar sanciones claras. Hoy hay un vacío legal que genera incertidumbre tanto para los usuarios como para quienes deben aplicar la ley”, señaló.
Además del aspecto normativo, Chávez hizo un llamado a la conciencia ciudadana, destacando que el uso irresponsable de esos vehículos puede derivar en accidentes graves. “Mientras no haya una legislación específica, no podemos sancionar formalmente, pero sí advertir sobre los peligros reales. Lo mínimo que pedimos es que usen casco y respeten las vialidades”, dijo.
Finalmente, reiteró que la intención no es limitar el uso de los scooters eléctricos, sino garantizar que su circulación se realice de manera segura, ordenada y con reglas claras para todos los actores de la movilidad urbana.
