El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto anuló este lunes un proceso ordinario y pidió que en su lugar se inicie un juicio de responsabilidades, que lleva el caso al Poder Legislativo, contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez por las muertes de civiles durante la crisis de 2019 en la zona de Senkata, de la ciudad de El Alto.
La decisión judicial responde a un recurso “de excepción de incompetencia” de la defensa de Áñez (2019-2020), que solicitaba un juicio de responsabilidades, un proceso reservado a altos funcionarios de Bolivia que saca el caso de la Justicia ordinaria y lo lleva al Legislativo.
Áñez, que está en prisión desde 2021, argumentó que los hechos de 2019 sucedieron cuando ella cumplía sus funciones como presidenta interina y reclamaba que se le reconociera este rol.
“Este tribunal de manera conjunta declara fundado el recurso de excepción de incompetencia”, declaró el presidente del tribunal, David Kasa.
En una audiencia realizada de manera virtual, la corte dispuso también un “mandamiento de libertad” para Áñez, pidiendo que espere el juicio fuera de prisión. También ordenó que el caso regrese a “fojas cero”, es decir que regrese a su punto de partida, y recomendó “acudir con la proposición acusatoria a la Fiscalía General” para comenzar el trámite en el Legislativo.
Luego de escuchar el fallo, la exmandataria afirmó que la decisión “quedará en la historia como el día en que se recuperó la legalidad en el país”.
Áñez había asegurado horas antes que no se niega a un proceso judicial “imparcial” ni a una investigación “seria”, pero reclamó que fuera en el marco de un contexto que le corresponde como expresidenta de Bolivia.
La legislación boliviana reserva un juicio de responsabilidades a altos ejecutivos del Estado como presidentes, vicepresidentes y algunos magistrados de las altas cortes, entre otros, y para abrir el proceso requiere que la Fiscalía General presente una proposición acusatoria ante el Legislativo.
A partir de ahí, el Legislativo debe aprobar una condena por dos tercios del voto y, si la aprobación procede, el caso es enviado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que será el órgano que desarrolle el juicio de responsabilidades y al final deberá dictar sentencia.
Durante todo el juicio de responsabilidades, el acusado debe defenderse en libertad, pero Áñez cumple una sentencia de 10 años de prisión por otro caso llamado “golpe de Estado II”, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial en 2019, y también afronta al menos otros 7 procesos en la justicia ordinaria.
Ese año, Morales dimitió y salió del país asegurando ser víctima de un “golpe de Estado”, en medio de protestas ciudadanas por denuncias de un fraude electoral a su favor en las elecciones generales que luego fueron anuladas.
Áñez, política opositora que se desempeñaba en ese momento como segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, activó un mecanismo de sucesión para ser presidenta después de que las personas que la superaban en jerarquía, del partido de Morales, renunciaran junto al expresidente.
La Fiscalía y el Gobierno la acusaron por esa proclamación al considerar que vulneró los reglamentos parlamentarios porque esa responsabilidad debía caer sobre un legislador oficialista, mientras que la defensa de la exgobernante señaló que hubo un vacío de poder luego de la dimisión de Morales.
En 2023, el TSJ ratificó la condena de 10 años de cárcel contra Áñez, por lo que, al ser la última instancia a la cual se podía recurrir para anular la sentencia, su defensa se planteó acudir a la vía internacional.
