El diputado local Alfredo Álvarez Ramírez calificó como un paso histórico el decreto emitido por el Gobierno de México que prohíbe el uso de 35 plaguicidas catalogados como altamente peligrosos para la salud y el medio ambiente, medida que, aseguró, fortalece la salud pública y abre camino hacia un modelo agroecológico más sostenible.
El legislador recordó que la última restricción similar en el país ocurrió en 1991, cuando se prohibieron 21 sustancias, antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. “Hoy, 34 años después, se avanza con una primera lista de 35 plaguicidas, y se prevé que haya una segunda y tercera lista”, destacó.
Álvarez Ramírez subrayó la relevancia que ese anuncio tiene para Colima, donde recientemente se realizó un encuentro en Tecomán con más de 120 participantes, entre agricultores, instituciones educativas como la Universidad de Colima y la Universidad Intercultural, así como autoridades de salud y medio ambiente. “Fue un ejercicio respaldado por la Red Estatal de Agroecología, con la participación de Semarnat, Salud y Coespris, que refuerza el compromiso de sensibilizar y cambiar prácticas agrícolas”, explicó.
El diputado adelantó que el próximo 20 de septiembre se llevará a cabo otro foro en Colima, organizado por Semarnat, en el que se presentará el protocolo nacional de protección de abejas, derivado de la preocupación por la mortandad registrada en distintas regiones del país. “Si están muriendo las abejas, debemos entenderlo como una señal de alerta: es un semáforo amarillo que nos obliga a actuar”, enfatizó.
El legislador resaltó que esa política muestra la voluntad de no ceder ante las presiones de empresas que comercializan agroquímicos dañinos. “Es un proceso gradual de cinco años, pero refleja el compromiso de construir un sistema de producción de alimentos más sano y sustentable, que reduzca riesgos de enfermedades como el cáncer, que lamentablemente colocan a Colima entre los primeros lugares a nivel nacional”, apuntó.
Finalmente, Álvarez Ramírez llamó a la sociedad a involucrarse en esta transición. “Toda política pública debe garantizar la vida, y este decreto es un paso importante hacia un modelo agroecológico que cuide la salud de las personas y de nuestro entorno”, concluyó.
