Las universidades nacionales y el principal centro de salud pediátrica de Argentina realizan este viernes una huelga seguida de una manifestación en Buenos Aires en rechazo al veto del presidente Javier Milei a dos leyes clave que otorgan mayores fondos a ambos sectores.
Las medidas de fuerza son impulsadas por gremios docentes, no docentes y de salud tras los recientes vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica.
La medida obtuvo alta adhesión en instituciones de todo el país y algunas casas de estudio, como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), convocaron a huelgas de mayor duración.
En paralelo, algunos centros de estudiantes reaccionaron al veto de Milei mediante la toma de sus facultades, como fue el caso de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras se multiplican también las asambleas y clases públicas.
“Esa ley no es un privilegio, es la garantía mínima de funcionamiento”, afirmaron desde los centros estudiantiles, que convocaron, además, a una Marcha Federal Universitaria para los próximos días.
Los trabajadores del hospital Garrahan, principal centro de salud pediátrica del país, también realizan una huelga desde este viernes y ofrecerán guardias mínimas durante el fin de semana.
Además, el personal de la clínica, agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), se sumará este viernes una movilización junto a la Asociación Gremial Docente de la UBA y otros sindicatos en la capital argentina para expresar su rechazo a la decisión del presidente.
También está previsto un “Ruidazo Nacional” a las 20:00 hora local (23:00 GMT), y el lunes una conferencia de prensa frente al Congreso, donde la comunidad universitaria y sanitaria insistirán en la necesidad de revertir los vetos.
La Ley de Emergencia Pediátrica, vetada por Milei este jueves, había sido impulsada por la oposición a raíz del conflicto que envuelve desde hace meses al hospital Garrahan y a otros centros de salud argentinos.
En tanto, la Ley de Financiamiento Universitario fue vetada el miércoles y establece una actualización del presupuesto del Estado destinado a las universidades públicas nacionales y de los salarios de los profesores y del personal no docente del sector de la educación superior.
