Decenas de miles de personas celebraron este miércoles 17 en las calles frente al Congreso de Argentina el rechazo en la Cámara de Diputados a los vetos del presidente Javier Milei a leyes aprobadas para mejorar la situación de la salud pediátrica y las universidades nacionales.
Estudiantes, docentes, personas jubiladas e integrantes de partidos políticos opositores al Gobierno nacional se congregaron en una masiva y pacífica protesta, marcada por el ensordecedor grito de júbilo colectivo que provocaron las 2 votaciones en el interior del Parlamento.
La manifestación incluyó a dirigentes nacionales de primer nivel, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien pisó la calzada junto a otros referentes del peronismo, la izquierda y el radicalismo.
Si bien el epicentro de la jornada de protesta fueron las puertas del Congreso en Buenos Aires, también se registraron importantes movilizaciones en otros puntos del país, incluidas las ciudades de Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Bariloche, Neuquén y Posadas.
Los vetos deberán ser ahora debatidos en el Senado, donde las leyes requerirán también al menos dos tercios de los votos para entrar en vigencia.
Dos leyes clave en salud y educación
La ley que declara la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por 2 años ordena al Estado nacional la inmediata asignación de recursos a ese sector, incluyendo una recomposición salarial del personal público que trabaja en esta área.
La discusión de esta ley fue impulsada a raíz del conflicto que envuelve al hospital Garrahan, de Buenos Aires, el principal centro público de pediatría de Argentina y uno de los más importantes de Latinoamérica, cuyo personal reclama desde hace meses un aumento en sus ingresos y mayores recursos presupuestarios.
La ley de financiación universitaria establece una actualización del presupuesto del Estado destinado a las universidades públicas nacionales y de los salarios de los profesores y el personal no docente del sector de la educación superior, donde están matriculados cerca de 2 millones de estudiantes.
Ambas normas, impulsadas por la oposición, fueron aprobadas por el Parlamento en agosto pasado y vetadas por Milei el pasado 10 de septiembre, bajo el argumento de que su aplicación conspira contra el objetivo de “déficit cero” de su Administración.
“Ponerle un límite al Gobierno”
“Cuando se veta la educación pública, se crea una situación en la que solo existe la privada y entonces solo puede acceder el que tiene plata. Se genera una división en el país”, dijo a EFE Paloma Viñas, estudiante de 19 años de la carrera de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, presente en la protesta.
La multitud avanzó desde distintos puntos de la ciudad hasta reunirse en la plaza del Congreso, frente al palacio legislativo, donde las banderas de las agrupaciones estudiantiles, gremiales y políticas se mezclaban con el blanco de los delantales médicos en un ámbito pacífico que contrastaba con el fuerte operativo desplegado en la zona por el Ministerio de Seguridad Nacional.
A diferencia de otras movilizaciones, en esta ocasión los uniformados permitieron que los manifestantes ocuparan las calles y no intentaron dispersarlos.
Un escenario montado en medio de la plaza reprodujo a través de una pantalla gigante y parlantes lo que sucedía en la sesión: ante la exposición de cada diputado, la gente insultaba a gritos o aplaudía.
“Universidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode” y “El que no salta, votó a Milei”, cantaban tanto jóvenes como pensionados, unidos en un mismo grito.
Luis Zamora, excandidato presidencial por diversos partidos de izquierda durante las décadas del ochenta y noventa también se hizo presente y, ante el micrófono de EFE, aseguró que la protesta busca “ponerle un límite al Gobierno, ya no solo en una urna”.
Durante la desconcentración del acto, un grupo numeroso de simpatizantes del peronismo recorrió las 10 cuadras que separan el Parlamento de la casa de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) para festejar junto a ella, quien los saludó desde el balcón del apartamento en el que cumple una pena de 6 años de prisión domiciliaria por irregularidades en la concesión de obras viales durante su Gobierno.
