El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, pidió al presidente argentino, Alberto Fernández, que disponga la “revocación” de todos los actos o procesos en curso que “comprometan” los recursos del Estado, como contrataciones de personal y licitaciones públicas, más allá de la finalización de su mandato.
Milei pidió, además, al actual mandatario que “se abstenga” de desplegar cualquier conducta material o de dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar o dificultar la gestión de las autoridades del Poder Ejecutivo que asumirán a partir del 10 de diciembre de 2023.
El nuevo presidente será elegido en las elecciones del 22 de octubre próximo, principalmente, entre los candidatos que más votos obtuvieron en las primarias de agosto pasado, y en las que salió en primer lugar Milei, con el 29.86%.
El candidato de ultraderecha compite con la exministra de Seguridad de Mauricio Macri (2015-2019), Patricia Bullrich, de la coalición de centroderecha opositora Juntos por el Cambio (28%), y el actual ministro de Economía, Sergio Massa, de la coalición peronista Unión por la Patria (27.28%).
El pedido de Milei se basa en lo dispuesto por el artículo 15 bis de la ley 25.917, de Responsabilidad Fiscal, que impide en los últimos dos trimestres de mandato incrementar el gasto corriente de forma permanente, y cuyo incumplimiento, advierte el candidato, hace “personalmente responsable” a los funcionarios de llevan a cabo esa conducta, en el ámbito político, administrativo, civil y penal.
El texto detalla que “numerosos fueron (y siguen siendo) los actos administrativos (irrazonables e ilegítimos) dictados por la administración pública tanto centralizada como descentralizada que comprometen el presupuesto futuro, condicionan la actuación de los gobernantes futuros y perjudican, en definitiva, el progreso de los argentinos”.
Se refiere a incrementos de empleo público, licitacitaciones públicas, revisiones tarifarias y medidas de comercio exterior.
“Tras 4 años de absoluta inactividad”, el Ejecutivo, “encabezado, en los hechos”, por Massa, “pretende comprar la voluntad del electorado mediante medidas de carácter populista, carentes de planificación o análisis económico alguno y con un costo fiscal elevado que deberá ser atendido por las próximas autoridades de Gobierno”, advierte.
El texto recuerda que la economía argentina sufre de una “inflación crónica grave (124.4% anual en agosto) generada principalmente por el déficit fiscal”, por lo que “no es para nada razonable” el incremento de gastos innecesarios y que su efecto “no hacen más que agravar la calamitosa situación”.
