Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) lanzaron bombas molotov y quemaron 3 camionetas frente al Palacio de Justicia de Iguala, en el estado de Guerrero, al cumplirse 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Alrededor de las 4 de la tarde, los manifestantes bajaron de 13 de los 36 autobuses y rodearon estas instalaciones, ubicadas en el municipio de Iguala, en las que se ocultaron videos clave para desentramar lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fecha de la desaparición de los normalistas.
El grupo de jóvenes intentó derribar la barda perimetral del Palacio de Justicia tras apoderarse de camionetas repartidoras de la empresa Marinela, vehículos con los que tiraron 2 portones.
Sin la presencia de las autoridades, los miembros de la FECSM lanzaron cohetones al interior de las oficinas mientras que al exterior incendiaron los 3 vehículos, lo que generó un escenario repleto de columnas de humo.
A su vez, un grupo de 5 hombres tiraban piedras de un puente a los autobuses de los manifestantes.
La vandalización de esta institución ocurre, según ellos, por la falta de justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de los más conocidos en el país por sus violaciones a derechos humanos, y además porque demandan la entrega de los videos del 26 y 27 de septiembre.
Por la desaparición de esos videos, en mayo pasado fue detenida la magistrada Lambertina Galeana Marín, quien en ese momento era presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y actualmente está detenida.
Este mismo sábado (27), familiares de los 43 estudiantes realizaron un mitin en la estela creada en memoria de Julio César Mondragón Fontes, quien apareció el 27 de septiembre asesinado, torturado y desollado del rostro.
Posteriormente, acudieron a los obeliscos edificados en el sitio donde fueron asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, la noche del 26.
Durante el mitin, Melitón Ortega, el vocero de madres y padres de los 43, consideró que es un acto de terrorismo que tras 11 años no saben quiénes son los responsables de la desaparición de los estudiantes.
Y comunicó a la presidenta Claudia Sheinbaum que sus actividades no son actos de provocación sino de “hartazgo ante tanta injusticia, y de tanta impunidad para el caso de los 43”.
