El Patronato de Bomberos de Colima mantiene una pausa en el cumplimiento en sus obligaciones de transparencia desde el año 2024 y lo que va de 2025, al no publicar la información que por ley está obligado a difundir en la Plataforma Nacional de Transparencia.
De acuerdo con lo que establece el Artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, el patronato no ha actualizado apartados básicos como el marco normativo aplicable, la estructura orgánica completa, las facultades de cada área, así como las metas y objetivos institucionales. Tampoco ha cargado los indicadores de interés público ni aquellos que permiten rendir cuentas de los resultados de su gestión.
Asimismo, se mantiene desactualizado el directorio de los servidores públicos y la información sobre las remuneraciones brutas y netas, así como el perfil de los puestos, los gastos de representación y viáticos, el número de plazas de personal de base y confianza, además de las contrataciones por honorarios con los datos de los prestadores de servicios, los montos pagados y los periodos de contratación.
El patronato tampoco publica información sobre el domicilio y responsables de la Unidad de Transparencia, ni sobre las convocatorias para ocupar cargos públicos, los programas de subsidios, estímulos o apoyos, las condiciones generales de trabajo y los convenios suscritos, la información curricular de los mandos superiores, el listado de servidores públicos sancionados, ni los servicios y trámites que ofrece.
En materia financiera, se omite la publicación de información relativa al presupuesto asignado, a la deuda pública y a los montos destinados a gastos de comunicación social, apartados que resultan clave para conocer el manejo de los recursos.
La omisión de ese cúmulo de fracciones evidencia que el patronato no cumple con el principio de máxima publicidad establecido en la normativa vigente, limitando el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se administran los recursos y cuáles son las actividades de la institución.
El incumplimiento en la carga de información podría derivar en sanciones administrativas por parte del órgano garante, el Infocol, ya que esas disposiciones son de carácter obligatorio y deben actualizarse de manera periódica.
Redacción