Una coalición de sindicatos, organizaciones religiosas y en defensa de los derechos humanos presentaron este viernes una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por los cambios al programa de visas de trabajo H1B, que califican de “ilegales”.
El pasado 19 de septiembre, la Casa Blanca publicó un decreto donde se instruía imponer una tarifa de 100 mil dólares para la emisión de nuevos visados de este tipo.
En un documento posterior, el Gobierno detalló otros cambios a este programa para dar prioridad a los trabajadores que obtengan mayores sueldos y tengan un nivel alto de formación profesional.
La demanda acusa al Gobierno de estar violando la Ley de Inmigración y Nacionalidad al imponer la nueva tarifa, asegurando que no tiene “la autoridad unilateral” para alterar la un “esquema legislativo integral creado por el Congreso”.
“Lo más fundamental es que el Presidente no tiene facultad para imponer de forma unilateral tasas, impuestos u otros mecanismos para generar ingresos para Estados Unidos, ni para dictar cómo se gastan esos fondos”, detalla el documento judicial, presentado ante una corte federal en California.
Los cambios al visado H1B, que otorga un permiso para trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos a las personas que tengan apoyo de una empresa estadounidense, ha generado reacciones mixtas: algunos directores de grandes tecnológicas, como OpenAi o Nvidia, han abrazado los cambios, asegurando que les ayudarán a traer a “los mejores” trabajadores al país, evitando las famosas loterías de estos visados.
Sin embargo, algunos abogados de inmigración y expertos en economía rechazan la decisión de Trump, poniendo en duda su legalidad y alertando que podría acabar “por completo” con el programa H1B.
