La senadora por Colima Mely Romero presentó ante el Pleno del Senado una iniciativa para prohibir que las instituciones financieras envíen publicidad telefónica sin consentimiento expreso, con el objetivo de frenar el spam, proteger la privacidad de los usuarios y prevenir extorsiones telefónicas.
“Que ninguna institución pueda enviarnos publicidad sin consentimiento. Que se terminen las llamadas de spam, pues no solo son un abuso a nuestra privacidad, sino que abren la vía a las estafas telefónicas”, afirmó la legisladora al presentar su propuesta de reforma a los artículos 8 y 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
La iniciativa contempla multas de hasta 2 mil días de salario mínimo a instituciones que utilicen datos personales sin autorización previa, clara y expresa. Romero señaló que actualmente las personas deben realizar trámites complejos para evitar la publicidad invasiva, cuando debería ser responsabilidad de las empresas solicitar permiso antes de enviar promociones.
Explicó que el Registro Público de Usuarios (REUS) resulta insuficiente, ya que los usuarios deben inscribirse, esperar semanas y renovar su registro periódicamente, mientras las instituciones financieras evaden el sistema usando terceros o múltiples números telefónicos.
La senadora subrayó que la ley actual permite enviar publicidad sin consentimiento expreso, lo que vulnera la privacidad de millones y favorece condiciones desiguales frente a otras industrias que sí requieren autorización para contactar a sus clientes.
“Lo que propongo se trata de una diferencia fundamental: cambiar el ‘publicidad permitida salvo oposición’, por ‘publicidad prohibida salvo consentimiento’. Así combatiríamos la extorsión, el spam, y protegeríamos en mayor medida nuestra privacidad”, expresó.
Destacó que esta medida no afectará a las empresas, pues el sector financiero y de seguros es uno de los más poderosos del país, con una aportación de 1.4 billones de pesos al PIB nacional en 2024: “Es un sector que puede y debe cumplir reglas claras y respetar a los usuarios. Esta reforma pone por delante a las y los ciudadanos, por encima de los intereses comerciales”, añadió.
La propuesta establece que toda publicidad de productos financieros o seguros requiera consentimiento expreso y por escrito desde el momento de la contratación, y que en caso de incumplimiento se apliquen sanciones proporcionales, eliminando la lógica de “si no quieres, apúntate en una lista”, por una donde “nadie use tus datos sin permiso”.
Añadió que esta reforma también contribuiría a prevenir extorsiones, ya que permitiría llevar un registro claro de los números telefónicos autorizados y facilitar la detección de los que operan al margen del sistema legal.
La iniciativa fue turnada a comisiones del Senado para su análisis y discusión.
