La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó el proyecto de ley de Muerte Digna, con el que el país sudamericano legalizó la eutanasia.
Tras más de 10 horas de debate, todos los legisladores del oficialista Frente Amplio se expresaron a favor de esta iniciativa, así como también lo hicieron algunos de los opositores del Partido Colorado y del Partido Nacional.
El proyecto aprobado actual busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.
“Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República”, cita el texto, que detalla luego el paso a paso del procedimiento para la eutanasia.
El pasado 13 de agosto, Uruguay había dado el primer paso hacia la legalización de la eutanasia con la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes.
Luego de esto, avanzó a la Comisión de Salud Pública del Senado, donde los legisladores que la integraban recibieron para dialogar a diferentes colectivos y luego votaron su aprobación, lo que permitió que pasara al pleno.
Este miércoles, en el comienzo del debate, el senador del Frente Amplio, Daniel Borbonet, tomó la palabra como miembro informante y allí destacó los pasos dados anteriormente.
“Este proyecto ha sido construido con responsabilidad. Muy debatido en diputados, con una comunicación muy directa con senadoras y senadores se llegó a este proyecto. Se han establecido garantías claras para proteger a los pacientes, se deposita confianza en los profesionales médicos y en los equipos de salud. Se ha respetado la voluntad individual”, explicó.
Asimismo, hizo hincapié en que el proyecto no obliga a nadie, sino que es una alternativa.
“Es un derecho a decidir. No sustituye lo ya existente y no impone conducta. Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito, por lo que no se debe penalizar a nadie”, enfatizó.
