El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y ordenó su “inmediata liberación” por el proceso conocido como “golpe de Estado II”, relacionado con la crisis política de 2019.
La resolución judicial dispone también la libertad “en el día” para la exmandataria tras 4 años y 8 meses de encarcelamiento, que tendrá que ser aprobada por un juez de ejecución penal, informó este miércoles el presidente del TSJ, Romer Saucedo.
“Se ha dispuesto la nulidad que ella tenía, la sentencia ejecutoriada de 10 años y en consecuencia se dispone la libertad en el día, a través del juez de ejecución penal que está en La Paz”, dijo Saucedo a medios locales desde Sucre, la capital constitucional de Bolivia.
Explicó que durante la revisión de la sentencia “se ha visto que hubo vulneraciones del ordenamiento legal vigente, esas vulneraciones han afectado el debido proceso, y también los derechos que ella goza”.
“Se ha corregido todo eso y por eso se ha determinado la nulidad de la sentencia”, añadió Saucedo.
La determinación surge después de que la defensa de la exmandataria presentara un recurso de revisión extraordinaria de sentencia para anularla, argumentando que debía ser procesada por un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria como fue procesada y sentenciada.
Áñez cumplía 10 años de prisión por el caso llamado “golpe de Estado II”, sentenciada por la Justicia boliviana en junio de 2022, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado y tras la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia y la de todo su gabinete.
Morales denunció un “golpe de Estado” en su contra tras las protestas sociales que lo acusaron de cometer un fraude electoral en los fallidos comicios de 2019.
En agosto dos diferentes tribunales departamentales anularon dos juicios ordinarios contra Áñez por la muerte de varios civiles cuando esta era presidenta en los casos conocidos como “Senkata” y “Sacaba”. Estos procesos fueron trasladados a un juicio de responsabilidades.
Un juicio de responsabilidades debe conocerlo el Legislativo de Bolivia, ente que primero debe aprobarlo y luego trasladarlo al TSJ para que este juzgue el caso para emitir una sentencia.
La legislación boliviana reserva el juicio de responsabilidades a altos ejecutivos del Estado como presidentes, vicepresidentes, magistrados de los altos tribunales.
