La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) denunció que 4 de cada 5 países carecen de leyes que protejan a los jóvenes LGTBI del acoso escolar, aunque señaló a España como uno de los más adelantados en este tipo de protección.
El Estado español es 1 de los 6 en el Mundo que ha adoptado leyes contra el acoso escolar para proteger específicamente a los jóvenes por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, destacan nuevos datos de ILGA, una de las principales organizaciones globales para la defensa de derechos del colectivo LGTBI.
Andorra, Finlandia, Grecia, Países Bajos y Portugal son los otros 5 países que protegen en los 4 supuestos mencionados.
Alrededor de 40 países contemplan en sus países la protección en al menos 1 de esos 4, lo que deja todavía un 80% de Estados en el Mundo sin protección para los jóvenes LGTBI en ninguno de los supuestos, concluye ILGA.
Por regiones, Europa y Latinoamérica destacan en la protección contra este tipo de acoso escolar, mientras que no existen iniciativas de este tipo en EUA o Canadá y apenas en continentes como África o Asia (con excepciones como Sudáfrica, India, Filipinas, Pakistán o Taiwán).
Un problema más allá del colectivo
“Si los Estados se toman en serio su deseo de crear un futuro más próspero económicamente para todos, deben saber que su inacción es perjudicial no solo para las personas LGBTI, sino para la sociedad en su conjunto”, subrayó al dar a conocer las cifras el director de programas de ILGA, Gurchaten Sandhu.
En su opinión, el acoso escolar no solo perjudica la salud mental del alumnado LGTBI, sino que reduce sus perspectivas académicas y laborales, mientras que sus secuelas aumentan los costos sanitarios y de asistencia social.
El informe de ILGA detalla que algunas jurisdicciones nacionales han incluido el acoso por motivos de orientación sexual u otros relacionados en leyes que protegen específicamente a la niñez como grupo, y en un caso, el de Francia, lo castigan hasta con penas de prisión.
Según Curro Peña, consultor de investigación de ILGA, en muchas leyes sobre esta problemática se entiende el acoso escolar como una forma muy particular de violencia al tener a los jóvenes no solo entre las víctimas, sino también como principales autores.
Por ello, explicó, con frecuencia se recurre a enfoques pedagógicos, sin sanciones penales, para educar a los acosadores, dando también alguna forma de reparación a las víctimas dentro del sistema escolar.
