La defensa legal del exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, (2010-2016), condenado a 9 años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero, confía en que la justicia le otorgue este miércoles la libertad anticipada al cumplir “todos los requisitos” que marca la ley.
“No vemos alguna posibilidad de que se pueda impedir (su salida). Se cumplen todos los requisitos (…) y están incorporados como prueba todos los documentos que así lo respaldan”, afirmó el abogado de Duarte, Pablo Campuzano, en declaraciones de los medios de comunicación antes de entrar al Reclusorio Norte de la capital mexicana, donde se desarrollará la vista para decidir si se le otorga la libertad anticipada al expolítico.
La defensa reclama la puesta en libertad 5 meses antes de que cumpla la condena, ya que consideran que cumple con todos los requisitos legales, como buena conducta o tener más del 70% de la pena impuesta.
La vista judicial, que está prevista que se extienda varias horas por el número de testigos previstos, estará presidida por Ángela Zamorano, magistrada de control del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF).
Pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) se opone al considerar que esta medida podría entorpecer procesos pendientes, el abogado de Duarte subrayó que no existe el “riesgo” de que su libertad se le vea denegada: “Ya cumplió con la condena que le fue impuesta, cumple con los beneficios que marca la ley”.
Y añadió que por “ciertas cuestiones políticas” no se pudo solicitar esta medida hasta el día de hoy.
En el caso de que salga del Reclusorio Norte, donde lleva recluido desde 2017, Campuzano apuntó que podría ser en “cuestión de horas, en cuanto se hacen los trámites administrativos y se ordena su salida, si así lo considera la jueza”.
“De nuestro lado está toda la disposición, sabemos que cumplimos con los requisitos y lo único que queremos es que se resuelva pronto conforme a derecho”, concluyó.
El exgobernador de Veracruz, afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta que lo expulsaron de sus filas, se vio salpicado y finalmente condenado por un caso de corrupción al asociarse con otras personas para desviar recursos de su gobierno utilizando empresas fantasma y prestanombres.
Debido a las acusaciones, el PRI lo expulsó de sus filas y emitió una disculpa pública, sin embargo, el político ya había huido del país junto con su esposa.
En abril de 2017, la Interpol y la policía civil de Guatemala detuvieron a Duarte Ochoa en aquel país y fue extraditado a México en julio de ese mismo año.
En septiembre de 2018, un juez federal sentenció a Duarte a 9 años de prisión y un pago de una multa superior a los 58 mil pesos, luego de que el exgobernador se declarara culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa.
