Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó el dictamen que crea la Ley General para combatir la Extorsión, un delito que, coincidieron las bancadas parlamentarias, cada vez “pone de rodillas” a más ciudadanos.
Según publica Reforma en su edición digital, la oposición fustigó el abandono y desamparo que supuso la política de “abrazos, no balazos” que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque terminó por reconocer el giro que ha alentado la sucesora del tabasqueño, Claudia Sheinbaum.
El dictamen aprobado introdujo 15 cambios a la minuta que habían enviado los diputados; entre otros, aumentar la penalidad mínima a 15 años y la máxima a 25. Además de que la extorsión será perseguida de oficio, se homologan criterios y procedimientos penales.
En medio de un clima marcado por el miedo que provoca la extorsión en amplios sectores de la población, la bancada de Morena aseguró que se puede demostrar que el delito no será tolerado.
“Hoy, las instituciones del Estado Mexicano y dentro de ellas este Senado de la República, tienen la oportunidad de demostrar, sin ambages, que México no tolerará la extorsión en ninguna de sus formas”, prometió el morenista Enrique Inzunza.
El legislador sinaloense adelantó que, en el combate a la extorsión, se echará mano de la política social y de la política penal que sea posible y necesaria.
“En los gobiernos de la Cuarta Transformación seguiremos actuando para atender las causas, pero seremos inexorables y severos en combatir los delitos, todos los delitos y en todos los lugares. Esa es la política de la jefa del Estado Mexicano, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tanta política social como sea posible y tanta política penal como sea necesaria”, ilustró.
La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano (MC), celebró el “golpe de timón” que el Gobierno ha dado al combate al crimen organizado.
“Reconocemos con esta iniciativa que el Gobierno actual está dando un verdadero golpe de timón. Un golpe de timón al combate al crimen organizado, que deja atrás esa política de ‘abrazos, no balazos’ que tanto daño le hizo a nuestro país todo el sexenio anterior”, deploró.
Barrales hizo notar que, pese a la gravedad de la situación, “lo que prevalece en materia de este delito es la evidente impunidad”.
En el mismo tono, precisó Reforma, se manifestó la priista Carolina Viggiano, quien lamentó que la extorsión hubiese crecido durante el Gobierno de López Obrador.
“La complicidad del anterior Gobierno con el crimen a través de la frase ‘abrazos, no balazos’, que les dio prácticamente una patente para realizar toda actividad criminal que quisieran, con las fuerzas de seguridad siendo omisas. Así lo demuestran las estadísticas en el sexenio con más homicidios y más desapariciones forzadas de toda la historia”.
La también secretaria general tricolor lamentó que el “cambio de estrategia” instrumentado propició que los criminales abandonaran el cultivo y trasiego de heroína para enfocarse a la extorsión, el secuestro y el robo como fuentes de financiamiento, desde grandes empresarios hasta los más pequeños comerciantes en los pueblos.
“no se previó este tipo de fenómeno. Ellos van a seguir ahí.
“¿Por qué? Porque tienen el control de la plaza, porque tienen la complicidad de las autoridades, por lo tanto, pueden hacer otro tipo de delitos para hacerse de dinero. Una muestra es Tecatitlán en el Estado de México, donde los ejidatarios lincharon a 10 criminales que les exigían un pago para sembrar sus ejidos, 500 pesos por hectárea. Esto puede seguir pasando. Que tomen la justicia por su propia mano”.
Por voz de la senadora Guadalupe Murguía, la bancada del PAN insistió en que, sin los recursos necesarios, el nuevo ordenamiento naufragará sin remedio.
“¿Qué nos preocupa? Que el artículo noveno transitorio de la minuta, aun con las modificaciones propuestas por las comisiones dictaminadoras, establece que no se incrementará el presupuesto regularizable y que no se autorizarán recursos adicionales, dice, para el presente ejercicio fiscal, lo cual es tal y cual para el 2025”, observó.
“Con todo esto, cabe preguntarnos: ¿con qué recursos van a operar las unidades especializadas en materia de extorsión? ¿Con qué recursos se va a capacitar, evaluar, certificar a ministerios públicos, policías y analistas especializados? ¿Con qué recursos va a operar el Centro de Atención para la Denuncia de la Extorsión, este que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana?
Con información de Reforma
