Cristina Lupián Ventura y José Israel González Mendoza, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma integral a la Ley de Participación Ciudadana, con el propósito de modernizarla, fortalecer los mecanismos de intervención ciudadana y adaptarla a los entornos digitales actuales.
La propuesta plantea una transformación profunda del modelo participativo vigente -promulgado en 2017- mediante la incorporación de mecanismos digitales, nuevas definiciones, criterios de accesibilidad y reglas claras para el presupuesto participativo, lo que colocaría a Colima “a la vanguardia nacional en participación ciudadana digital”, según argumentan los promoventes.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de la Plataforma del Instituto Electoral del Estado, herramienta que permitiría realizar plebiscitos, referéndums, consultas y procesos de presupuesto participativo de manera digital o mixta.
La reforma propone disminuir del 7% al 3% el respaldo necesario del listado nominal para solicitar un plebiscito, con el fin de facilitar el ejercicio de este derecho.
También se incorporan nuevas definiciones como: Participación digital, Unidad territorial, Accesibilidad, Interculturalidad y Deliberación democrática:
Esas adiciones, indica la iniciativa, buscan fortalecer la inclusión de grupos históricamente marginados o con barreras de movilidad y comunicación.
La iniciativa plantea reglas más estrictas y transparentes para el presupuesto participativo en municipios y dependencias estatales, estableciendo una meta gradual para destinar hasta el 4% del presupuesto anual a proyectos decididos por la ciudadanía.
Los procesos deberán incluir: Asambleas de información y selección; Comités de Ejecución y Vigilancia elegidos por sorteo; Un Órgano Dictaminador Técnico para revisar viabilidad; Herramientas de seguimiento como georreferenciación, comprobantes fiscales y evidencias fotográficas.
La Secretaría de Finanzas y los ayuntamientos deberán emitir lineamientos claros para la ejecución y fiscalización de estos recursos.
