La resolución de causas penales mediante el procedimiento abreviado muestra una tendencia creciente en el estado de Colima, de acuerdo con información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. En respuesta a la solicitud con folio 062876525000016, el Instituto de Defensoría Pública del Estado informó que, al 12 de noviembre de 2025, se contabilizan 697 causas penales concluidas a través de esa vía entre 2022 y octubre de 2025.
Los datos proporcionados detallan el siguiente comportamiento anual: 2022, con 79 causas concluidas mediante procedimiento abreviado; 2023, con 278 causas; 2024, con 131 causas, y 2025 (enero-octubre) con 209 causas.
Esas cifras muestran que, en solo 4 años, el uso de ese mecanismo procesal prácticamente se ha multiplicado por 4, consolidándose como una alternativa frecuente para concluir asuntos penales sin llegar al juicio oral.
El procedimiento abreviado fue incorporado como un mecanismo para terminar anticipadamente el proceso penal, previa admisión de responsabilidad y con una reducción de la pena, según lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
De acuerdo con los Cuadernos de Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esa figura no solo ha crecido en Colima, sino en todo el país: en el fuero federal, durante 2023, 68.7% de las causas concluidas terminaron con sentencia derivada de un procedimiento abreviado; y en el ámbito estatal, 20.2% de las 104,610 causas penales concluidas ese año fueron resueltas por esta vía.
Investigaciones citadas por México Evalúa indican que los estados que han logrado reducir índices de impunidad lo han hecho, en buena medida, gracias al incremento en el uso de procedimientos abreviados, cuya duración promedio es de 218 días, frente a los 486 días del proceso penal ordinario.
Pese a su efectividad para agilizar la justicia, la SCJN advierte que, en México, aún no existen estudios completos que permitan evaluar si la negociación entre fiscalías e imputados se realiza en condiciones justas. Algunos análisis sugieren riesgos, como: admisiones falsas de culpabilidad, debido a negociaciones en condiciones de desigualdad; y mayor vulnerabilidad de las mujeres imputadas, quienes podrían enfrentar presiones diferenciadas.
Con 209 causas resueltas mediante abreviado solo entre enero y octubre de 2025, Colima avanza hacia un uso más intensivo de ese mecanismo. De mantenerse la tendencia, el año podría cerrar con el segundo registro más alto de los últimos 4 años.
La información proporcionada por el Instituto de Defensoría Pública del Estado fue entregada mediante oficio firmado por su director general y remitida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, constituyendo el dato más actualizado disponible.
Redacción