La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil anunció este martes la conclusión del proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y declaró firme la condena a 27 años de cárcel por golpismo y ahora solo deberá decidir el lugar de reclusión.
La conclusión del proceso fue declarada después de que la defensa de Bolsonaro renunció a presentar nuevas apelaciones, para lo que tenía plazo hasta este lunes, después de unos primeros recursos fueron rechazados de forma unánime por los 4 miembros de la Primera Sala, responsable del proceso.
La decisión fue anunciada 4 días después de que Bolsonaro, quien estaba en prisión domiciliaria por incumplir diversas medidas cautelares, fue trasladado a dependencias de la Policía Federal, tras haber intentado dañar una tobillera electrónica mediante la cual se controlaban sus movimientos.
Ahora, el tribunal deberá decidir cuál será el lugar de reclusión, que según se baraja en medios jurídicos pudiera ser la misma sede de la Policía Federal, en la que ocupa una pequeña sala de 12 metros cuadrados, o una celda especial en el Complejo Penitenciario de Papuda, situado también en Brasilia.
El anuncio de la Primera Sala del Supremo alcanza también a otros 2 de los reos juzgados por el intento de impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria frente a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.
Se trata del diputado Alexandre Ramagem, condenado a 16 años y quien hace 2 meses huyó a los Estados Unidos, y Anderson Torres, exministro de Justicia, quien recibió una pena de 24 años.
Bolsonaro, líder de la ultraderecha que gobernó entre 2019 y 2022, negó el pasado domingo ante un juez que su intención al tratar de dañar la tobillera electrónica con una soldadora casera fuera una eventual fuga.
El exmandatario atribuyó ese episodio a una “paranoia” y unas “alucinaciones” causada por medicamentos que utiliza para combatir una depresión y otros problemas de salud.
Bolsonaro, de 70 años, tiene su salud debilitada, sufre crisis de ansiedad, de hipo y vómitos, todo lo cual atribuye a la grave puñalada que sufrió en la región abdominal durante la campaña electoral de 2018, que desde entonces le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.
Debido a la edad y a su frágil estado de salud, sus abogados ya habían adelantado que, en caso de que la sentencia fuera declarada firme, volverán a solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, alegando razones “humanitarias”.
