La Cámara de Diputados aprobó una reforma que amplía el catálogo de delitos ambientales e incrementa las penas de los delitos contra el medio ambiente y la gestión ambiental.
La reforma, que modifica el Código Penal Federal, aumenta de un rango de 6 meses a 2 años de prisión a entre 2 y 7 años de prisión la pena a quien quebrante los sellos puestos por la autoridad competente, la cual aumentará hasta una tercera parte cuando tras el quebrantamiento de sellos se continúe con la conducta que originó la imposición de la sanción.
Según publica Reforma en su edición digital, las modificaciones fueron avaladas por unanimidad, con 460 votos, luego de que el Pleno aprobó una reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y suscrita por los coordinadores parlamentarios de 5 de las 6 bancadas, a excepción de Movimiento Ciudadano.
La reforma establece una pena de entre 1 y 9 años de prisión y de mil a 5 mil días de multa a quien desmonte, extraiga o destruya cualquier tipo de vegetación natural o recursos foresta maderable; a quien corte, arranque, derribe o tale árboles se les aplicará una sanción de 2 a 10 años de prisión y de mil a 5 mil días de multa, y para quien afecte Áreas Naturales Protegidas, las penas aumentarán hasta en 20 años de prisión y hasta 10 mil días de multa.
Cuando estos delitos se realicen usando armas de fuego o por medios violentos, la pena aumentará hasta en 15 años de prisión y hasta 8 mil días de multa.
Duplica también las penas para quien transporte, comercie, enajene, distribuya, suministre, acopie, compre, reciba, adquiera, almacene, resguarde, posea o transforme materias primas forestales o productos forestales maderables cuando estos provengan de Áreas Naturales Protegidas y el volumen no exceda dos metros cúbicos.
De ahí, con esta agravante, las sanciones podrían alcanzar hasta 24 años de cárcel.
Los diputados incrementaron también de 1 a 10 años de prisión y de 458 a 4,585 días de multa a quien críe, entrene, posea, transporte, compre o venta a un perro para exhibición, espectáculos o peleas, para quien organice, promueva o anuencia peleas de perro u ocasione que menores de edad asistan o presencien este tipo de actos.
La modificación, precisó Reforma, establece que será un delito que ameritará sanciones de entre 1 y 4 años de prisión generar, usar o difundir información falsa o simulada ante autoridades ambientales para obtener registros, constancias, reconocimientos, distintivos, certificados de desempeño ambiental o cualquier otra relacionada con la gestión ambiental.
Las sanciones, establece, serán aplicables a las personas jurídicas y a sus administradores.
La panista Diana Estefanía Gutiérrez dijo que si bien endurecer penas es necesario, lo consideró insuficiente, porque aunque la ley avanza, señaló, el presupuesto retrocede.
“Hoy aprobamos sanciones fuertes, sanciones que fortalecen nuestra legislación, pero las instituciones encargadas de aplicarlas siguen debilitadas. Vemos a la Profepa con menos inspectores, a la Conanp sin guardaparques suficientes, a la Conafor enfrentando incendios sin recursos y la Semarnat recortada año tras año. Así, ¿cómo esperan que se cumpla la ley?”, cuestionó.
Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, coincidió en que la reforma es positiva, pero no alcanza ante la crisis ambiental que vive el país.
Recordó que, de acuerdo con la Conafor, más de 900 mil hectáreas se quemaron en el país y el 90% de los incendios son provocados para cambiar el uso de suelo, para expandir actividades ilegales, para desplazar comunidades y para abrir paso a intereses económicos que destruyen sin consecuencia.
Con información de Reforma
