Las centrales sindicales y las patronales empresariales de Argentina no lograron llegar a un acuerdo para establecer el nuevo valor del salario mínimo, lo que habilita al Gobierno de Javier Milei a fijarlo mediante un decreto.
Fuentes oficiales confirmaron a EFE que la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil convocada para este miércoles (26) concluyó sin acuerdo.
El Consejo del Salario está integrado por representantes del Gobierno argentino, cámaras empresariales y centrales sindicales, y su objetivo es establecer el ingreso mínimo de los trabajadores.
Al no lograrse un acuerdo, el Ejecutivo podrá establecer por decreto el nuevo salario mínimo, como ya lo ha hecho en otras ocasiones.
“Luego de pasar a un cuarto intermedio y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto”, expresó en un comunicado la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, que participó de la reunión junto a la Confederación General del Trabajo (CGT) y la CTA de los Trabajadores.
Actualmente el salario mínimo es de 322 mil pesos argentinos, muy por debajo de la canasta básica familiar que marca la línea de indigencia (544,304 pesos argentinos) y de la canasta básica de alimentos y servicios que marca la línea de la pobreza (un millón 213 mil 798 pesos argentinos).
En la reunión, la CGT reclamó que el salario mínimo de noviembre sea de 512 mil pesos argentinos y que aumente hasta los 553 mil para abril de 2026, mientras que la CTA Autónoma pidió que sea fijado en 736 mil para este mes de noviembre.
Por su parte, los representantes empresariales ofrecieron llevar el salario a 326 mil para noviembre y a 349 mil para abril.
“Durante los 2 años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el salario mínimo en línea con la propuesta empresarial”, señaló la CTA Autónoma.
Mientras se desarrollaba la reunión, organizaciones sindicales y sociales realizaron una movilización hasta las puertas de la Secretaría de Trabajo para reclamar una recomposición de los ingresos de los trabajadores.
