El Congreso del Estado aprobó la reforma al Artículo Segundo Transitorio del Decreto 494, con la finalidad de asegurar el pago de los adeudos históricos que el Gobierno estatal mantiene con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (Ipecol). La propuesta fue presentada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y dictaminada por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.
De acuerdo con el dictamen, la reforma responde a la imposibilidad jurídica de modificar el Fideicomiso Maestro F/112337 -como lo establecía la reforma aprobada en septiembre de 2024-, pues tanto el Registro Público Único de Financiamientos como Banco Santander señalaron que ese mecanismo no era viable al no tratarse de deuda pública ni financiamiento bancario.
Ante dicha imposibilidad, el Poder Ejecutivo y el Ipecol realizaron mesas técnicas que derivaron en un nuevo acuerdo: constituir un fideicomiso irrevocable de administración y pago, fondeado con los ingresos obtenidos por el Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores, un recurso considerado estable, continuo y con bajo nivel de variabilidad.
El dictamen señala que ese impuesto ha recaudado más de 41.5 millones de pesos en 2025, y que durante la última década ha crecido en promedio 8% anual, lo que lo convierte en una fuente suficiente para cubrir las obligaciones del Estado con el instituto.
La comisión dictaminadora destacó que esta reforma permitirá al Gobierno del estado cumplir puntualmente con el pago de pensiones presentes y futuras, sin comprometer la estabilidad financiera estatal. Además, subraya que asegurar esos pagos constituye una acción de interés público y social, pues protege derechos adquiridos de las y los trabajadores y fortalece la sostenibilidad del sistema estatal de pensiones.
El decreto aprobado establece que se deja sin efectos el convenio de pago suscrito en 2019 entre el Gobierno estatal y el Ipecol. Además, el Poder Ejecutivo deberá firmar un nuevo convenio en un plazo de hasta 60 días hábiles.
De igual manera, se autoriza la afectación irrevocable de los ingresos del citado impuesto vehicular al nuevo fideicomiso.
El Poder Ejecutivo, asimismo, deberá incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos los recursos necesarios para cubrir estas obligaciones.
Se deberá, finalmente, constituir un fondo de reserva dentro del fideicomiso, equivalente al promedio mensual de las amortizaciones.
La reforma fue considerada constitucional, legal y financieramente viable, y representa -según el dictamen- un paso decisivo para garantizar la seguridad social de las y los servidores públicos de Colima mediante un mecanismo sostenible y transparente de pago.
Pepe Ferruzca 
César Barrera