El Gobierno boliviano aseguró que trabajará para que el país salga de la lista “gris” que identifica “deficiencias” en su labor contra el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo tras conocerse que la Comisión Europea incluyó a Bolivia entre las “jurisdicciones de alto riesgo”.
La Comisión Europea informó en un comunicado que “ha añadido nuevas jurisdicciones de terceros países a la lista” como Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas, mientras que retiró de la nómina a Burkina Faso, Mali, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania”.
Asimismo, la nota indica que las jurisdicciones añadidas “presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo” ya que se toma en cuenta las decisiones que adoptó anteriormente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En junio pasado, el GAFI ya había incluido a Bolivia junto a las Islas Vírgenes Británicas en su “lista gris” pese a tener un compromiso político de alto nivel para trabajar conjuntamente con Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).
“(Hay que) evitar y cuidar que Bolivia no entre en situaciones como en la que hoy (jueves) se nos ha vuelto a recalcar”, dijo el ministro boliviano de Economía, Gabriel Espinoza, durante la posesión del nuevo director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Espinoza afirmó que la UIF fue el brazo de castigo político durante los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) contra la gente que no pensaba como ellos, por lo que se descuidó la razón de ser de dicha unidad estatal.
También enfatizó que el objetivo de la UIF desde ahora será recuperar el carácter técnico de su funcionamiento y perseguir aquellos flujos de dinero que están relacionados con los ilícitos.
Por su parte, el nuevo director de la UIF, Carlos Jauregui, afirmó que trabajará sin descanso para sacar de la “lista gris” del GAFI a Bolivia y recuperar el lugar que el país merece en el mundo.
“Este desafío significa devolver al país la confianza, la transparencia y la seguridad jurídica que nos van a abrir puertas, principalmente nos van a permitir atraer inversión y oportunidades reales para nuestra gente”, agregó.
Jauregui llamó al sector privado y a las entidades financieras a caminar juntos en un trabajo hombro a hombro con el sector público, de forma que se pueda construir un sistema íntegro, confiable y fuerte.
La anterior Administración de Luis Arce admitió que la principal dificultad fue la falta de una ley aprobada por el Parlamento, exigida por el GAFI, para combatir los flujos financieros ilícitos.
Dicha norma no pudo avanzar por las diferencias y disputas en el Legislativo, principalmente en el Movimiento al Socialismo (MAS), por lo que se consideró que esa tarea debía ser una prioridad para el nuevo Parlamento.
