Luis Arce, expresidente de Bolivia, fue trasladado a la cárcel de San Pedro, en La Paz, donde debe cumplir 5 meses de detención preventiva por sus presuntas responsabilidades dentro de una investigación por malos manejos en un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).
En un operativo con fuerte resguardo policial, Arce (2020-2025) dejó las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de La Paz, donde estuvo detenido desde el miércoles, y fue llevado al penal de San Pedro, situado en el barrio homónimo cerca del centro histórico de La Paz, en un vehículo con vidrios oscuros.
“No nos hemos ido, estamos aquí, somos inocentes”, dijo el expresidente escuetamente a los medios al ingresar al centro penitenciario.
Arce compareció esta jornada ante el juez anticorrupción Mario Helmer Laura, quien dispuso que el exmandatario “deberá defenderse con una medida extrema de detención preventiva” en San Pedro “por el tiempo de 5 meses”.
Laura precisó que Arce podrá solicitar una salida judicial con motivos médicos “en cualquier momento” y que la Dirección de Régimen Penitenciario tendrá que dar las garantías para resguardar su seguridad física en un sitio “diferente” a la población sentenciada en esa cárcel.
La decisión judicial, dictada tras más de 6 horas de una audiencia cautelar virtual, valoró que Arce no pudo desvirtuar del todo el peligro de obstaculización en el proceso, pese a haber brindando garantías laborales y acreditar una residencia estable en La Paz.
Durante la audiencia, Arce se declaró “absolutamente inocente” y atribuyó su aprehensión a motivos “claramente políticos” al considerar que el Gobierno de Rodrigo Paz “busca chivos expiatorios” y cubrir lo que sucede en el país.
El exjefe de Estado también sostuvo que su arresto hace 2 días fue “ilegal” y relató que el día de su detención fue interceptado por “encapuchados” en un barrio céntrico de La Paz, trasladado en 2 vehículos y que, pese a exigirla, inicialmente no se le mostró la orden de aprehensión en su contra.
El Ministerio Público imputó a Arce por “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica” porque, según esa entidad, cuando fue ministro de Economía autorizó desembolsos de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.
Según la Fiscalía, hubo “más de 3,500 proyectos” financiados por el Ministerio de Economía, de los que “ni la mitad han sido concluidos” y también se evidenció “que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes” de organizaciones indígenas y campesinas.
Al respecto, Arce aseguró que, como ministro, no participó en reuniones del directorio del Fondioc, sino que designó mediante resoluciones de su cartera a un representante y que esa instancia tenía también delegados de otros ministerios e instituciones.
Desde que dejó la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, Arce se dedicó a dar clases de economía en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), labor que no dejó de realizar mientras estuvo en el Gobierno.
