El Gobierno de Pakistán informó este martes de que los inmigrantes indocumentados tendrán que abandonar el país antes del 1 de noviembre o se enfrentarán a la deportación forzosa, una medida que pretende frenar el auge de ataques insurgentes, atribuidos en ocasiones a organizaciones armadas de origen afgano.
“Les hemos dado un plazo hasta el 1 de noviembre para que regresen voluntariamente a sus países y si no lo hacen, todas las agencias de aplicación de la ley del Estado y las provincias los deportarán”, afirmó el ministro interino del Interior, Sarfraz Bugti, en una rueda de prensa tras una reunión con el Comité Nacional Apex, compuesto por los líderes cívico-militares del país.
El Gobierno tiene constancia de que de unos 4.4 millones de afganos viven en Pakistán, una de las comunidades de desplazados más grandes y antiguas del Mundo, que comenzó a llegar a territorio paquistaní con la invasión soviética en 1979.
Más de un tercio de esta población permanece sin documentos o estatus legal. Según el ministro, hay al menos “1.73 millones los afganos ilegales no están registrados”, dijo.
Una vez transcurra este periodo, las autoridades iniciarán una operación a cargo de un grupo de trabajo ya creado en el Ministerio del Interior, con el objetivo de identificar propiedades y negocios ilegales que son propiedad de migrantes irregulares o que están dirigidos en colaboración con paquistaníes.
“Nuestras agencias de inteligencia y las agencias del orden los encontrarán y las autoridades confiscarán esas propiedades y negocios”, anunció Bugti.
Los paquistaníes involucrados en facilitar la entrada a los afganos serán sentenciados según la ley, ya que a partir del 1 de noviembre no podrán ingresar al país sin pasaporte o visado en vigor, dijo.
El grupo de trabajo también se encargará de verificar los documentos de identidad y pasaportes, así como de recabar pruebas de ADN para detectar a aquellas personas que disponen de documentos de identidad paquistaní pese a no ser ciudadanos del país.
El ministro paquistaní aseguró que esta medida se toma para frenar la insurgencia en Pakistán y acusó a la ciudadanía afgana de participar en actividades terroristas en el país.
“Desde enero se han producido un total de 24 atentados suicidas en todo el país, de los cuales 14 fueron llevados a cabo por ciudadanos afganos”, añadió.
Un informe del Instituto Pakistán para Estudios de Conflictos y Seguridad señaló que durante el primer semestre de 2023 se produjeron al menos 271 ataques militantes, en el que al menos 389 murieron y otros 656 resultaron heridos.
Las actividades terroristas en el país aumentaron un 79% durante el período, de acuerdo con el informe.
