Sáb. Mar 14th, 2026

Delitos graves contra menores y personas con discapacidad, ya no prescriben en Colima

(Foto de redes sociales)

El Congreso del Estado aprobó con 23 votos a favor reformas y adiciones a disposiciones del Artículo 114 del Código Penal del Estado, con el objetivo de declarar imprescriptibles los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, particularmente aquellos que afectan a niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.

Con esa reforma, los delitos como corrupción de menores, pornografía, turismo sexual, lenocinio y pederastia podrán ser perseguidos penalmente sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión, eliminando así la posibilidad de que queden impunes por el paso del tiempo.

El dictamen fue elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y tiene como fundamento el interés superior de la niñez, el derecho de las víctimas al acceso a la justicia y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos.

De acuerdo con el análisis legislativo, la reforma reconoce que muchas víctimas de delitos sexuales y de explotación tardan años en denunciar, debido al miedo, amenazas, dependencia económica o secuelas emocionales, por lo que mantener plazos de prescripción representa una forma de revictimización institucional.

El nuevo texto del Artículo 114 amplía los supuestos de imprescriptibilidad para incluir aquellos delitos demostrados contra personas menores de edad o personas que no puedan comprender o resistir el hecho, y los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, previstos en los artículos 164 al 178.

Además, por la reforma se mantienen como imprescriptibles delitos graves como homicidio doloso, violación, abuso sexual a menores, peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito.

El decreto aprobado entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima, consolidando a la entidad como una de las que fortalece su marco legal para combatir la impunidad en delitos graves y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación del daño.

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