El próximo 8 de febrero vence el plazo legal para que la Contraloría General del Estado de Colima realice los trabajos pertinentes que le permitan asumir funciones cuasi-jurisdiccionales en materia de transparencia y acceso a la información, tal y como lo hacía el Infocol al resolver los recursos de revisión interpuestos por ciudadanos que impugnaron respuestas -o la falta de ellas- a solicitudes de acceso a la información pública.
De acuerdo con el transitorio décimo sexto, las nuevas autoridades garantes del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y del Poder Legislativo, así como los órganos constitucionales autónomos, deberán realizar adecuaciones necesarias a su normativa interna en un plazo máximo de 60 días. Esto porque se estipuló un plazo de 90 días de suspensión de los recursos de revisión pendientes, plazo que vence el 8 de febrero de este año.
Al término de ese plazo, la autoridad garante local deberá emitir resolución dentro del término legal contado a partir de la admisión del recurso, lo que incluye analizar si el sujeto obligado cumplió con entregar la información solicitada, si lo hizo de manera incompleta o si incurrió en omisiones.
El vencimiento del plazo implica que la Contraloría deberá confirmar, modificar o revocar las respuestas impugnadas, así como, en su caso, ordenar la entrega de información, la reposición del procedimiento o la realización de búsquedas exhaustivas en archivos institucionales.
Los recursos de revisión son el principal mecanismo con el que cuentan los ciudadanos para defender su derecho de acceso a la información, particularmente cuando consideran que una dependencia estatal o municipal no respondió conforme a la ley.
En caso de incumplimiento a las resoluciones que emita la Contraloría, la legislación prevé medidas de apremio y posibles responsabilidades administrativas para los servidores públicos involucrados, además de la obligación de garantizar la entrega de la información pública solicitada.
Yensuni López