Decenas de personas bloquearon este lunes (19) todos los accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México, lo que derivó en el aplazamiento de la discusión de un proyecto que, de acuerdo con los manifestantes, legitima los desalojos forzosos en la capital. Tras casi 4 horas de protesta, el máximo tribunal anunció en sesión el retiro del proyecto elaborado por la ministra María Estela Ríos González.
La iniciativa deriva de la acción de inconstitucionalidad 73/2019, promovida hace 7 años por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en contra de la eliminación de diversas garantías en casos de desalojo. Dichas garantías estaban contempladas en el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, vigente desde febrero de 2019 y reformada en mayo del mismo año.
Arturo Aparicio, asesor legal de vecinos desalojados en distintas zonas de la ciudad, señaló que la exigencia central es que se retome la redacción original del artículo 60, al considerar que la reforma vulneró el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. El abogado explicó que la demanda no implica la pérdida de la propiedad privada, sino el establecimiento de garantías legales para los inquilinos, como avisos previos y el derecho a un juicio antes de cualquier desalojo.
Durante la protesta también participaron integrantes del Frente Antigentrificación y personas afectadas por desalojos recientes. Rufina Galindo, desalojada en 2023 del Centro Histórico, pidió a los ministros priorizar el derecho a una vivienda digna y advirtió sobre las consecuencias psicológicas que dejan estas prácticas. La movilización inició a las 8 de la mañana y se mantuvo hasta las 3 de la tarde, con cierres viales frente al recinto judicial, mientras una comitiva de vecinos y activistas ingresó a dialogar con los ministros.
