La reforma electoral, una de las modificaciones constitucionales más relevantes que se discutirán en el país durante este año, plantea cambios de fondo en el financiamiento a partidos políticos, la estructura de representación proporcional y el futuro de los organismos electorales locales, advirtió Juan Ramírez Ramos, consejero presidente provisional del Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE), en una entrevista exclusiva.
El funcionario electoral explicó que, aunque aún no existe una propuesta oficial presentada ante el Poder Legislativo, en el debate público se han difundido diversas iniciativas que coinciden en reducir los gastos electorales, tanto de los partidos políticos como del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales electorales (OPLE).
Uno de los temas centrales es la disminución de los cargos de representación proporcional, conocidos como plurinominales. Actualmente, detalló, en la Cámara de Diputados se eligen 200 diputaciones por ese principio, mientras que en el Senado se asignan 32 escaños plurinominales, además de 32 senadurías de primera minoría, que corresponden al segundo lugar en votación y cuyos integrantes sí realizan campaña.
En el ámbito local, añadió, el número de diputaciones y regidurías plurinominales varía según cada entidad federativa, por lo que cualquier modificación debe considerar las particularidades regionales y los equilibrios de representación.
Otro eje relevante de la reforma es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, principalmente en su componente ordinario, que se entrega en años no electorales. Ramírez Ramos recordó que ese esquema se diseñó en la década de los 90 para garantizar la independencia financiera de los partidos frente al Gobierno, aunque reconoció que hoy existe un debate legítimo sobre su dimensión.
“Es indispensable que los institutos políticos cuenten con recursos suficientes para evitar el ingreso de dinero de dudosa procedencia”, subrayó, al advertir que una reducción sin planeación podría generar riesgos para la legalidad y la equidad de la competencia electoral.
La reforma también contempla propuestas como la elección por voto popular de las consejerías del INE, así como la eliminación o reducción de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales locales, un punto que impacta directamente a las entidades federativas.
Al respecto, el consejero presidente provisional destacó que Colima cuenta con una experiencia de más de 15 procesos electorales organizados por su órgano local, los cuales -dijo- han sido fundamentales para fomentar la participación ciudadana y la gobernabilidad democrática.
Recordó que la reforma electoral fue anunciada desde 2024 y que recientemente se creó una comisión presidencial, la cual realizó un amplio ejercicio de consulta nacional. Según datos difundidos, se llevaron a cabo 65 audiencias públicas, se recibieron 5,294 ponencias y 382 propuestas de reforma.
Ramírez Ramos enfatizó que el debate ocurre en la antesala del proceso electoral de 2027, cuyo arranque formal será en octubre de 2026, y recordó que la legislación establece que cualquier norma electoral debe promulgarse al menos 90 días antes del inicio del proceso.
En dicho proceso estarán en disputa la renovación de la Cámara de Diputados federal y, en el ámbito local, los 10 ayuntamientos, el Congreso del Estado y la gubernatura de Colima.
Finalmente, señaló que desde el IEE se trabaja para consolidar la institución y proponer innovaciones, como la incorporación del voto electrónico, que permitiría ahorros significativos en materiales y documentación electoral, sin menoscabar la certeza del sufragio.
“Esperamos que la reforma atienda las realidades regionales y fortalezca nuestra democracia”, concluyó.
César Barrera