Tras la aprobación del dictamen en materia de seguridad y derechos en entornos digitales, Colima se suma a entidades como Aguascalientes, Querétaro y Jalisco que han comenzado a impulsar marcos normativos para atender los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el espacio digital.
Al respecto, Alma Celia Galindo Núñez, investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima y activista por los derechos digitales, consideró que el paso dado por el Congreso local es positivo al colocar el tema en la agenda pública, pero advirtió que el reto real comienza con la forma en que se implemente la legislación.
“Celebro que Colima avance en este sentido, porque se reconoce la urgencia de atender un problema que atraviesa directamente a las niñeces y adolescencias. Sin embargo, los límites de la legislación no deben centrarse solo en la vigilancia del proceso legal, sino en garantizar una participación activa y colaborativa de la sociedad civil”, señaló.
La especialista subrayó que uno de los principales pendientes es la capacitación de madres, padres, personas cuidadoras y, especialmente, del personal docente, quienes asumen la responsabilidad cotidiana del acompañamiento digital en el ámbito escolar.
“Las y los profesores van a velar por la seguridad digital, pero la pregunta es con qué información y con qué herramientas van a ejercer esa responsabilidad”, cuestionó.
Desde su trabajo con el colectivo Cultivando Género, organización con presencia en la región del Bajío, Galindo Núñez enfatizó que los riesgos digitales son reales y crecientes, por lo que resulta indispensable construir alianzas entre sociedad civil, instituciones educativas y autoridades, más allá de respuestas exclusivamente normativas.
Indicó que desde la organización han puesto a disposición de la ciudadanía manuales, libros basados en investigaciones y talleres sobre derechos digitales, bajo la premisa de que el conocimiento compartido es una de las herramientas más eficaces para prevenir las violencias digitales.
Finalmente, la investigadora advirtió sobre el riesgo de que la nueva legislación derive en medidas punitivas o restrictivas que no atienden el fondo del problema.
“Retirar celulares o prohibir dispositivos no es una solución sostenible ni acorde con la realidad actual. El desafío es mayor: reconocer la violencia digital, comprenderla y erradicarla desde la conciencia, la educación y el ejercicio pleno de los derechos digitales”, concluyó.
La aprobación del dictamen abre así una nueva etapa de debate en Colima, en la que especialistas y organizaciones civiles llaman a que la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales se construya desde un enfoque preventivo, educativo y de derechos humanos.
Pepe Ferruzca 
César Barrera