El Gobierno colombiano divulgó una lista con más de 50 productos provenientes de Ecuador que tendrán un arancel del 30%, en respuesta a una medida similar que regirá en ese país a partir del 1 de febrero para las importaciones procedentes de Colombia.
Entre los productos sujetos al arancel se encuentran alimentos como frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, además de neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas, entre otros, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
“La decisión contempla la aplicación de un arancel ‘ad valorem’ del 30% para 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas, correspondientes a productos originarios de Ecuador”, señaló esa cartera en un comunicado.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció el miércoles que aplicará un arancel del 30% a productos colombianos por una supuesta falta de reciprocidad en la cooperación contra el narcotráfico, a lo que Colombia respondió imponiendo un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos.
“Entre enero de 2023 y octubre de 2025, el volumen importado de estos productos alcanzó 683,825.8 toneladas”, agregó el Ministerio, cuya titular, Diana Marcela Morales, explicó ayer que los aranceles son un “instrumento transitorio orientado al restablecimiento del equilibrio de las condiciones de intercambio” comercial.
“Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio”, afirmó Morales.
El Gobierno colombiano indicó que las importaciones objeto del arancel suman alrededor de 250 millones de dólares anuales y que la medida puede extenderse “a un grupo más amplio” de productos tras el análisis técnico correspondiente.
“Estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre los países. Son instrumentos legítimos para corregir desequilibrios y preservar condiciones justas y previsibles de intercambio”, agregó la ministra.
