El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró este viernes que “no van a parar” hasta que den con el paradero de los 10 mineros que presuntamente fueron secuestrados el pasado 23 de enero en el estado de Sinaloa.
“Decirle a las familias de las víctimas que todo el Gabinete de Seguridad, con funciones de la presidenta (Claudia Sheinbaum), no vamos a parar en su búsqueda”, señaló durante la conferencia de prensa presidencial desde la ciudad fronteriza de Tijuana.
El titular de la SSPC explicó que autoridades federales están colaborando en el operativo de búsqueda para hallar a los 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, quienes habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un comando armado, de acuerdo a medios locales.
Harfuch informó de que el Ejército mexicano ha reforzado su presencia en Sinaloa, donde tiene “muchos elementos” desplegados, y este jueves la Secretaría de Defensa anunció el envío de 1,600 militares ante la crisis de violencia que vive ese estado del noroeste de México.
Aunque las investigaciones todavía son preliminares, detalló que no les consta que los trabajadores sufrieran amenazas previas a su secuestro.
Asimismo, García Harfuch explicó que en el área donde ocurrieron los hechos opera una célula de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista el año pasado por Estados Unidos.
La propia compañía minera confirmó la desaparición de sus trabajadores en un comunicado, en el que informó que, “como medida de precaución”, algunas actividades en la zona se suspendieron “temporalmente”.
Estos hechos ocurren en un contexto de creciente preocupación por las desapariciones en México, un fenómeno que afecta a al menos 133 mil familias en el país y que ha sido documentado de manera constante por colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y organismos internacionales de derechos humanos, particularmente en regiones con presencia de grupos delictivos.
Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también afronta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha impactado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera.
