La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París solicitó este martes que se condene a Marine Le Pen a 5 años de inhabilitación por malversación de fondos europeos, los mismos que en primera instancia, pero sin ejecución inmediata, así como a 4 de prisión, aunque solo uno de cumplimiento firme con brazalete electrónico, y 100 mil euros de multa.
Tras escuchar una requisitoria algo menos severa que su condena en primera instancia, al pedir los fiscales que la inhabilitación no sea inmediata y rebajar a solo un año la prisión firme con vigilancia electrónica, en vez de 2, Marine Le Pen abandonó el tribunal sin hacer declaraciones.
Junto con otras 10 personas relacionadas con su partido, la Agrupación Nacional (RN), Le Pen había sido castigada en primera instancia, en marzo de 2025, por malversación de fondos públicos de la Eurocámara al haber utilizado asistentes parlamentarios para trabajar en el Frente Nacional (anterior denominación del RN), en vez de en el Parlamento Europeo.
La inhabilitación dictada entonces contra la dirigente fue de ejecución inmediata, lo que la dejaría fuera de la carrera por el Elíseo si la sentencia en Apelación, aguardada para el verano, no lo evita.
Los 2 fiscales que pronunciaron la larga requisitoria lanzaron duras críticas al esquema en el que participaron la veintena de condenados en primera instancia, la mitad de ellos actuales cargos del RN.
Aunque agradecieron el cambio de tono de Le Pen en Apelación, el fiscal Thierry Ramonatxo consideró inadmisible los “ataques mediatizados” en primera instancia a la institución judicial y citó las “amenazas explícitas de muerte” que sufrieron los magistrados que dictaron la condena en primera instancia.
El abogado general afirmó que quedó demostrado durante el proceso en apelación que “había una organización fraudulenta con la meta de financiar” el Frente Nacional (hoy RN) que, en esa época, sufría graves problemas económicos.
“Se trata de un sistema pensado a desviar fondos públicos despreciando las reglas de probidad y del funcionamiento de lo público”, lamentó.
El letrado recordó que el organismo afectado en primer lugar por este sistema, el Parlamento Europeo, está financiado por los impuestos, directa o indirectamente, de los franceses y del resto de ciudadanos de países miembros de la UE.
El otro abogado general de la requisitoria, Stéphane Madoz-Blanchet, aprovechó para criticar las prácticas de Marine Le Pen y aseguró que el hecho de ser una persona elegida por el sufragio universal “no representa un refugio contra la ley, pero sí una máxima exigencia”.
En primera instancia, los jueces consideraron probado que Le Pen había heredado de su padre un sistema de financiamiento ilegal de su partido, mediante el uso de fondos destinados a asistentes parlamentarios entre 2004 y 2016.
El perjuicio estimado para la Eurocámara fue de más de 4 millones de euros.
En el juicio en apelación, Le Pen adoptó una estrategia de defensa basada en la involuntariedad y la buena fe. “Si he cometido un delito, no tenía el sentimiento de haberlo hecho”, afirmó, subrayando que no existió intención de establecer un sistema para financiar ilegalmente su partido con fondos europeos.
Argumentó que todas sus actuaciones fueron públicas y que el Parlamento Europeo nunca les advirtió de posibles irregularidades.
