Expresidentes iberoamericanos conservadores del Grupo IDEA, entre ellos los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy, así como el colombiano Álvaro Uribe, demandaron este sábado la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, así como la derogación de las denominadas “leyes represoras”.
A través de redes sociales, la asociación Grupo IDEA informó que 32 exjefes de Estado firmaron un pronunciamiento en el que exigen la liberación incondicional de todos los presos políticos, tanto civiles como militares, además de la eliminación de las disposiciones legales que, señalaron, permitieron su encarcelamiento.
Los exmandatarios subrayaron que “la libertad plena y el cierre de los juicios arbitrarios” a los que han sido sometidos los detenidos aún están pendientes, y advirtieron que, mientras no se deroguen las leyes calificadas como represoras, las personas liberadas continúan en situación de vulnerabilidad frente al sistema de justicia.
Asimismo, alertaron que el proyecto de ley de amnistía que actualmente se discute en la Asamblea Nacional por legisladores a los que calificaron como parte de un “régimen represor” podría discriminar a las víctimas que accedan a dicho beneficio.
La declaración coincide con un recuento difundido este sábado por la Plataforma Unitaria Democrática, en el que se da cuenta del número de presos políticos liberados tras la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, durante una intervención militar estadounidense en territorio venezolano.
De acuerdo con registros de la coalición opositora, al menos 391 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, fecha en la que las autoridades anunciaron la liberación de “un número importante” de personas detenidas.
No obstante, el Gobierno encargado asegura que las excarcelaciones ascienden a 895 personas desde diciembre de 2025, aunque hasta el momento no ha publicado listas oficiales que permitan verificar los casos.
Por su parte, la ONG Foro Penal, que encabeza la defensa legal de presos políticos en el país, estima que actualmente existen 687 personas detenidas por motivos políticos, cifra que el Ejecutivo niega al sostener que los arrestados enfrentan cargos por la comisión de delitos comunes.
