El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, se refirió este viernes a la amnistía como “una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España” en 2017, con una de las “peores crisis territoriales de la historia de la democracia” del país.
Sánchez citó por primera vez la palabra amnistía a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Cumbre de la UE celebrada en la ciudad española de Granada.
El líder socialista lo hizo para responder sobre la propuesta para ese mismo propósito que presentará la semana próxima en Barcelona la líder de su principal socio de izquierdas para la investidura, Sumar, la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz.
En declaraciones a una radio catalana, Díaz, afirmó hoy que el 10 de octubre presentará el dictamen de los juristas de su partido sobre “el encaje de la amnistía” en el ordenamiento jurídico español.
También puntualizó que comparte “su agenda catalana con el presidente del Gobierno (español), Pedro Sánchez”, y que hay “coordinación” entre lo que realizan ambos y los lugares que visitan.
En la rueda de prensa, Sánchez subrayó que la propuesta sobre la amnistía de Sumar no es la del Partido Socialista.
“Conocemos la propuesta de Sumar como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía”, dijo, aunque valoró positivamente el hecho de que los partidos españoles presenten este tipo de iniciativa.
Destacó que el deber de todos los partidos es tratar de trabajar por “entendernos y lograr cuanto antes un gobierno en España”.
“Yo no puedo anticipar un acuerdo hasta que no se produzca (…), se conocerán los acuerdos cuando se culminen, pues no habrá acuerdo hasta que todo esté acordado”, recalcó.
En cuanto al diálogo con otros grupos políticos, reiteró que están “en plena negociación” y que el pacto que se logre será “absolutamente transparente”, público y acorde con la Constitución española.
Para el líder socialista, nadie en España puede discutir que hoy la situación en Cataluña está “infinitamente mejor que en el año 2017”.
Por eso, pretende seguir por esa misma senda de diálogo y convivencia emprendido, recalcando que todos los acuerdos estarán en el marco de la Constitución, serán validados por el Parlamento e “incluso si quieren ser recurridos por parte de la oposición”, también por el Tribunal Constitucional.
“Plena normalidad democrática”, zanjó Sánchez.
El Partido Socialista español cuenta para formar gobierno con los apoyos de sus 121 diputados, a los que uniría los 31 de la formación de izquierdas Sumar y previsiblemente los 6 diputados independentistas vascos de EH Bildu y los 5 de los nacionalistas vascos del PNV.
En plena negociación están los votos de los independentistas catalanes de ERC y de Junts, el partido del expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española en Bruselas, que cuentan con 7 parlamentarios cada uno.
Los 2 partidos independentistas catalanes le exigen aprobar una ley de amnistía y avanzar en el reconocimiento del derecho de autodeterminación para celebrar un referéndum de independencia.
En un primer llamamiento, Sánchez necesita la mayoría absoluta (176 escaños) y, de no prosperar, a las 48 horas habría una segunda votación en la que solo precisaría la mayoría simple.
En caso de fracasar, se disolverían las Cortes y se repetirían las elecciones generales el 14 de enero del próximo año.
