La Contralora General del Gobierno del estado, Isela Uribe Alvarado, informó que ya inició el proceso de notificación de sanciones administrativas derivadas de observaciones realizadas a cuentas públicas de los años 2018, 2019 y 2020, como parte del seguimiento a auditorías practicadas a programas y dependencias públicas.
La funcionaria explicó que los procesos de fiscalización contemplan distintos plazos para la solventación de observaciones y posibles responsabilidades administrativas.
Precisó que, cuando se trata de solicitudes de aclaración derivadas de auditorías, las dependencias cuentan con hasta 60 días hábiles para entregar información, mientras que en el caso de observaciones específicas el plazo es de 30 días hábiles.
Uribe Alvarado indicó que, en materia de posibles faltas administrativas, la legislación establece un plazo de hasta 7 años para determinar responsabilidades, periodo que puede ampliarse si existen nuevas actuaciones de la autoridad fiscalizadora.
Explicó que ese plazo puede interrumpirse cuando se inicia o continúa una revisión relacionada con un programa o ejercicio fiscal determinado.
“Si hoy comenzó el seguimiento de auditorías de algún programa en 2026, la prescripción podría ocurrir en 2027; sin embargo, si en 2029 o 2030 se realiza otra acción de la autoridad, el plazo vuelve a ampliarse”, detalló.
La contralora estatal señaló que, debido a esos procedimientos y plazos legales, actualmente se están notificando las primeras sanciones derivadas de observaciones correspondientes a los ejercicios fiscales de 2018 y 2019, particularmente en materia de responsabilidades administrativas graves.
Agregó que en esos casos la resolución corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, instancia que determina el número de sanciones y su tipo, por lo que indicó que esa institución cuenta con la información específica sobre cuántas se han aplicado.
Finalmente, Uribe Alvarado subrayó que la Contraloría estatal continuará con el seguimiento a los procesos de fiscalización y responsabilidades administrativas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas en el ejercicio de los recursos públicos.
Redacción