La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó intervenir en el caso de huachicol fiscal por 21.5 millones de litros de diésel, con costo calculado de 173 millones de pesos en impuestos, contra el empresario Edgar Marín Meza Moreno, y que podría caerse por falta de coordinación entre las dependencias.
De acuerdo con información del diario Reforma, la Corte deberá decidir si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene legitimidad para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando, como lo hizo impugnando la resolución del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, que en noviembre pasado revocó la vinculación a proceso del empresario.
Para tirar la vinculación a proceso, el Tribunal Colegiado argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) no dio intervención en el caso a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que en 2022 asumió todas las funciones en materia aduanera que antes tenía el SAT.
“Someto a su consideración la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 86 / 2026 formulada por el Ministro Irving Espinosa Betanzo respecto del recurso de queja 39/2026 del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo tema es: ¿El Servicio de Administración Tributaria tiene legitimación para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando o dicha facultad es exclusiva de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), tras la entrada en vigor de su reglamento interior?”, planteó el secretario de la Corte sobre la solicitud que los Ministros avalaron por unanimidad.
Aunque el SAT no está legitimado para solicitar la atracción, señala Reforma, el pasado 2 de marzo Espinosa hizo suya la petición.
Según la denuncia, Edgar Marín Meza Moreno, dueño de Impulsora de Productos Sustentables, sólo declaró 7.2 de los 28.7 millones de litros de diésel que importó en el buque Atlantic Bay en 2019.
La acción causó daños al fisco por 173 millones de pesos, tanto por derechos no pagados por el importador como por impuestos (IEPS e IVA) no pagados por los consumidores del combustible que circuló en el mercado negro.
Impulsora de Productos Sustentables fue creada en 2013 para aprovechar la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto y se convirtió en la proveedora de Interjet, aunque para finales de 2021, ya le debía 1,191 millones de pesos a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
El diésel fue vendido por Gunvor Group, una multinacional de materias primas con sede en Suiza, que el año pasado intentó comprar los bienes de la petrolera rusa Lukoil en el extranjero, pero fue bloqueada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Si bien la operación se realizó a principios del anterior Gobierno, fue hasta el 3 de julio de 2025 cuando la FGR presentó imputación por contrabando de combustible contra Edgar Marín Meza Moreno, dueño de Impulsora de Productos Sustentables S.A.P.I., que importó el diésel en el buque Atlantic Bay.
Según la imputación, añade Reforma, entre el 4 y el 18 de octubre de 2019 este buque introdujo al país 28.7 millones de litros de diésel, pero la empresa solo declaró la importación de 7.2 millones de litros, por los que pagó 46.1 millones de pesos de impuestos.
“El excedente, consistente en la cantidad de 21 millones 570 mil litros de diésel, no se sometió a las formalidades del despacho aduanero de importación cuyo valor en aduana es de 219.1 millones de pesos, omitiendo el pago de IEPS por 117.2 millones de pesos, derecho de trámite aduanero por 1.7 millones de pesos, e IVA por 54 millones de pesos. En consecuencia, se causó un perjuicio al fisco federal por 173 millones de pesos”, acusó la FGR.
Con información de Reforma
